La firma en el mes de octubre de un acuerdo entre el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de la oposición alimentó las expectativas de unas elecciones presidenciales abiertamente competitivas en el 2024. Como reacción, el gobierno del presidente Joe Biden levantó ciertas sanciones contra la industria energética del país y la prohibición de comerciar con sus obligaciones soberanas.
A los EE.UU. le interesa una relación menos hostil con Venezuela. No obstante, toda nueva medida en favor de este régimen deberá estar supeditada a un auténtico compromiso en favor de cambios democráticos. Los signos hasta el momento no son muy alentadores.
En virtud del acuerdo, el presidente Maduro se comprometió a no obstaculizar la celebración de elecciones primarias en la oposición el 22 de octubre. Asimismo, se ha comprometido a facilitar el procedimiento de registro de votantes, a permitir la presencia de observadores en las elecciones y a dar a los candidatos opositores más acceso a la cobertura de los medios de comunicación estatales. La mediación internacional confía en que dicho acuerdo abra la puerta a las primeras elecciones libres que se celebrarán en el país desde 2015, año en el que las fuerzas contrarias a Maduro consiguieron por un breve periodo una mayoría parlamentaria, aunque luego Maduro recuperó su control sobre todas las ramas del gobierno mediante una serie de elecciones fraudulentas.
Existen escasas razones para suponer que Maduro ha aceptado súbitamente la democracia. No ha querido decir si María Corina Machado, una ex legisladora que defiende el libre mercado y crítica del régimen durante mucho tiempo, será autorizada a participar para las elecciones generales del 2024, aunque obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones primarias. Anteriormente, el gobierno había prohibido a Machado ejercer cargos públicos durante 15 años, por motivos espurios. Y hace una semana, el tribunal electoral venezolano sugirió la posibilidad de anular los resultados de las elecciones primarias e inhabilitar a Machado. De ser así, es previsible que la oposición se disponga a boicotear los comicios del 2024, impidiendo así que países como EE.UU. reconozcan su resultado.
Ante la posibilidad de otra votación fraudulenta, los legisladores estadounidenses de ambos partidos han criticado la decisión de Biden de aliviar las sanciones por considerarla imprudentemente prematura. Hacer negocios con un dictador como Maduro ciertamente conlleva riesgos, pero la estrategia estadounidense de aplicar “máxima presión” con la esperanza de derrocar al régimen ha resultado inútil. La prohibición del expresidente Donald Trump a las importaciones de petróleo venezolano contribuyó al colapso de la economía y al éxodo de 7 millones de personas, incluidas al menos 500.000 que desde entonces han buscado asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, Maduro fortaleció su control del poder al forjar una alianza con la Rusia de Vladimir Putin y aumentar la represión contra sus oponentes internos.
Sin embargo, ambas partes tienen incentivos para hablar. Las sanciones por la guerra de Ucrania han puesto en peligro los activos venezolanos depositados en bancos rusos. Los conflictos en Oriente Medio han interrumpido el suministro de petróleo y amenazan con empujar la economía mundial a la recesión. La suspensión de las sanciones por parte de Biden podría permitir a Venezuela aumentar su producción de petróleo en un 20% en los próximos seis meses, y gran parte de ese petróleo iría a parar a Estados Unidos. La reanudación del diálogo con Maduro también ha contribuido a los esfuerzos estadounidenses por gestionar la crisis migratoria: Venezuela ha empezado a aceptar inmigrantes deportados de EE.UU. por cruzar ilegalmente, la primera vez que lo hace desde el inicio de la pandemia.
Biden debería continuar con la diplomacia, sin abandonar el compromiso de Estados Unidos con la democracia venezolana, que es fundamental para disuadir la migración hacia el exterior y alentar a quienes se fueron a regresar a casa. Junto con sus socios europeos, Estados Unidos debería insistir en que el gobierno venezolano se comprometa a fijar una fecha firme para las elecciones del próximo año, ratificar la victoria primaria de Machado y permitir que los oponentes del régimen hagan campaña libremente. Un alivio adicional de las sanciones contra el gobierno o miembros del régimen debería esperar hasta que Maduro acepte no sólo celebrar elecciones libres sino también respetar los resultados.
El régimen represivo del gobierno de Maduro ha dejado en ruinas una nación que alguna vez fue próspera y ha creado una crisis humanitaria que se ha extendido mucho más allá de las fronteras del país. Sin embargo, la coerción por sí sola no ha resuelto el problema. Una estrategia diplomática que defienda los principios democráticos y al mismo tiempo establezca objetivos realistas es el mejor camino a seguir para Estados Unidos, la región y el pueblo venezolano.
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