Bloomberg Línea — Sociedad civil y organizaciones ancestrales de Guatemala mantienen su resistencia en defensa de la democracia con movilizaciones para el 3 y 4 de noviembre que llegarán a la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio Público.
Los plantones son parte de las medidas que según líderes indígenas y de pueblos originarios están implementándose para exigir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Fredy Orellana.
Las protestas en Guatemala surgieron a partir de que el Ministerio Público inició con la persecución penal en contra del partido Movimiento Semilla, al que pertenece el presidente electo Bernardo Arévalo.
La fiscalía ha allanado en reiteradas ocasiones las sedes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e incluso presentó querellas en contra de los magistrados de dicho tribunal, encaminadas a poner en duda los resultados de los comicios electorales celebradoi el 25 de junio (primera vuelta) y el 20 de agosto (balotaje).
Sin embargo, el TSE oficializó el 31 de octubre los resultados de las elecciones presidenciales y de diputados al Parlamento centroamericano, incluida la segunda vuelta presidencial.
“Con el cierre del proceso electoral, no queda ninguna duda: Todas las personas electas el 25 de junio y el 20 de agosto tomaremos posesión el 14 y 15 de enero como corresponde”, dijo Arévalo.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que retirará las visas a “una docena de personas y sus familiares inmediatos” en Guatemala por los continuos intentos de interferir con el ascenso al poder del presidente electo, aunque no hizo públicos los nombres de las personas sancionadas.
“Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica del poder de Guatemala al presidente electo Arévalo”, dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.
“Más recientemente, el Ministerio Público guatemalteco incautó materiales electorales bajo la custodia del Tribunal Supremo Electoral, pidió el desalojo forzoso de manifestantes pacíficos, presionó para que se destituyera al Ministro de Gobernación que protegía el derecho a la protesta pacífica y trató de levantar la inmunidad de un miembro del Congreso que expresó públicamente su preocupación por estas medidas antidemocráticas. “, dijo Miller.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana ya han sido incluidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, según el Departamento de Estado.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien visitó Guatemala el 23 y 24 de octubre, apoyó las acciones que se tomaron en cuanto a “rechazar los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”.
Arévalo anunció la Acción para la democracia, un acuerdo entre líderes ancestrales y empresariales que señala que contribuirá a la gobernabilidad actual y futura de Guatemala.
La iniciativa recibió el respaldo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y es el resultado del proceso del diálogo que convocaron hace unas semanas.
