Bloomberg — Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, tendría que responder penalmente por tramar un golpe de Estado ante su derrota en los comicios del 2022, según un reporte oficial de la legisladora que encabeza la pesquisa en el Congreso en torno a los altercados del 8 de enero que destrozaron la capital.
Eliziane Gama, la senadora que lidera esa investigación, ha recomendado además este martes la imputación de Bolsonaro por tres cargos más vinculados al incidente de insurrección ocurrido en Brasilia, cuando miles de simpatizantes del líder derechista atacaron los principales edificios del gobierno para socavar el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
Las conclusiones del informe de la senadora Gama son preliminares. Se prevé que los integrantes de dicha comisión, compuesta por legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, sometan a votación este miércoles si aprueban o no sus conclusiones. Aunque la comisión podrá recomendar la imputación de cargos, la policía de Brasil será la encargada de decidir en última instancia si se presentan cargos.
¿Qué ocurrió el 8 de enero?
En el documento se asegura que el “autor” de la intentona insurreccional fue el propio Bolsonaro, y que miembros importantes de su gobierno y oficiales militares de alto rango jugaron un rol en los esfuerzos por invalidar el resultado de los comicios.
Recomienda presentar cargos contra 61 personas en total, incluido el general Walter Braga Netto (candidato a vicepresidente de Bolsonaro, exjefe de gabinete y ministro de Defensa) y muchos otros oficiales militares y miembros de su gabinete. También recomienda procesar a los ex jefes del Ejército y la Marina de Brasil.
“El plan inicial, tomar el poder desde dentro, fracasó”, escribió. “Intentó anular las elecciones, pero no funcionó. Intentó ordenar la intervención del máximo tribunal electoral, pero no obtuvo apoyo. Estimuló el caos social para poder declarar el estado de sitio, pero eso tampoco funcionó”.
Los portavoces de Bolsonaro y Braga Netto no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
La insurrección, el ataque más directo a las instituciones democráticas de Brasil desde que un golpe militar en 1964 condujo a una dictadura de dos décadas, se produjo tras unas elecciones muy reñidas durante las cuales Bolsonaro difundió repetidamente afirmaciones desacreditadas sobre fraude electoral.
Bolsonaro nunca reconoció formalmente su derrota y abandonó Brasil días antes de la toma de posesión de Lula el 1 de enero. Permaneció en Estados Unidos durante tres meses y aprovechó su ausencia de Brasil para afirmar que no tiene ninguna responsabilidad por los disturbios.
En junio, el tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse o ocupar un cargo político durante ocho años por sus afirmaciones de que el sistema de votación electrónica del país era vulnerable a la manipulación durante una reunión con embajadores extranjeros.
El expresidente de derecha se enfrenta actualmente a un segundo juicio en el tribunal electoral por acusaciones de que abusó de su poder durante la campaña del año pasado. Los crecientes problemas legales, muchos de ellos no relacionados con el intento de insurrección o las elecciones, también han aumentado la posibilidad de su arresto.
Bolsonaro ha negado haber actuado mal en cada una de las investigaciones que enfrenta.
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