Bloomberg — Cuando un profesor, un electricista o un trabajador del sector de la industria automovilística adquieres acciones o participaciones de un fondo de inversión, la SEC (Securities and Exchange Commission) vela porque inviertan en igualdad de condiciones. Sin embargo, si sus fondos de pensiones destinan dinero a un fondo de capital riesgo o de cobertura, las autoridades reguladoras han permanecido en gran parte al margen. Al fin y al cabo, se creía que los inversionistas experimentados debían ser capaces de protegerse a sí mismos.
De ahí que fuera un cambio sin precedentes que la Comisión de Bolsa y Valores votara el pasado mes de agosto a favor de intervenir en tales negociaciones. Dicha comisión ordenó que los fondos privados entreguen a los inversionistas informes trimestrales estandarizados de comisiones y rentabilidad, así como auditorias anuales. Además, prohibió a los fondos facilitar a algunos inversionistas datos o derecho a reembolso que pongan a otros en una posición de desventaja económica, salvo que las condiciones se divulguen y ofrezcan a todos los inversores. En efecto, estos cambios estarían alterando un modelo de negocio que se ha mantenido durante decenios.
Un total de seis grupos comerciales pertenecientes al sector de los fondos han interpuesto una demanda, cuestionando el derecho de la Comisión a adoptar tales medidas y argumentando que la nueva norma perjudicará innecesariamente a los inversionistas. Alegan que la Comisión está abordando temas nuevos en la interpretación de su cometido, una medida que probablemente no era la intención del Congreso y que constituiría una ampliación significativa de sus competencias. Asimismo, sostienen que las nuevas disposiciones debilitarán su negocio, prohibiendo en la práctica los acuerdos personalizados con los inversionistas e imponiéndoles una gran cantidad de papeleo innecesario.
Si bien puede ser útil una mayor transparencia para los inversionistas, en su conjunto los reparos del sector son justificados. La misma SEC reconoce que las nuevas normativas supondrán por lo menos 3,7 millones de horas de cumplimiento y US$5.400 millones de costes adicionales cada año. Esto favorecerá a los fondos de mayor tamaño, ya que el mayor volumen de papeleo impondrá más cargas a los competidores de menor tamaño. También implicará un aumento de las comisiones y un descenso de los rendimientos para los inversores, todos esos profesores, electricistas y trabajadores de la industria automovilística, puesto que los costes simplemente se les pasarán a ellos.
Más concretamente, los fondos privados no son servicios públicos y los inversores no tienen derecho a acceder a ellos en igualdad de condiciones. En un mercado libre, los administradores más buscados deberían tener más poder para dictar las condiciones de inversión. Si el rendimiento baja, perderán ese apalancamiento y los inversores ganarán ventaja. Las leyes existentes ( ya aplicadas por la SEC) protegen a los inversores contra ser engañados o defraudados y exigen que los asesores de inversiones actúen como fiduciarios. Es difícil ver exactamente qué problema resuelven estas nuevas reglas.
Dado el impacto potencialmente amplio de esta acción, la SEC tiene la responsabilidad de demostrar una falla del mercado. Sin embargo, hasta ahora, la comisión ha producido pocos datos concretos para establecer que existe un desequilibrio en las negociaciones o algún otro daño que necesita reparación. Si quiere presentar un argumento de buena fe, debería ordenar a sus examinadores que recopilen más información de los fondos registrados sobre sus acuerdos con los inversores y luego presentar argumentos empíricos a favor de la regulación sobre esa base. Cualquier solución propuesta debe adaptarse estrictamente para minimizar cargas indebidas.
Hasta entonces, la SEC debería dejar que los inversores institucionales se las arreglen solos en este mercado, como lo han estado haciendo durante décadas sin la ayuda del gobierno.
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