Bloomberg — Donald Trump bajó por la escalera mecánica de la Torre Trump para anunciar que se presentaba a las elecciones presidenciales de 2015. El rascacielos de la Quinta Avenida había sido durante mucho tiempo el telón de fondo de su historia de éxito empresarial, que a su vez se convirtió en la base de su ascenso en la política.
Ahora su control sobre esa propiedad y otras podría estar en peligro.
El juez de Nueva York que dictaminó el martes que el expresidente cometió fraude al inflar el valor de muchos de sus bienes también autorizó a la fiscal general del estado, Letitia James, a cancelar los certificados de las empresas que poseen esos bienes. El juez Arthur Engoron dijo que James, que demandó a Trump el año pasado, podría solicitar también una orden que le prohíba a él y a sus empresas seguir haciendo negocios en Nueva York.
En una vista celebrada el miércoles, Engoron dio a Trump y a James 30 días para recomendar los nombres de posibles síndicos independientes que supervisen la disolución de esas empresas. La Organización Trump está compuesta por unas 500 entidades diferentes, y el alcance de la orden de Engoron sigue sin estar claro. Christopher Kise, abogado de Trump, preguntó al juez si todas las entidades de Trump se enfrentan a la disolución.
Engoron dijo que las partes y el administrador judicial “lo resolverían”. Kise sugirió que Barbara Jones, jueza federal jubilada que había sido nombrada anteriormente supervisora independiente en el caso, podría actuar como síndico, y los abogados de la fiscalía general se mostraron abiertos a la idea.
El martes, Kise calificó la orden de Engoron de “indignante” y dijo que iba a recurrirla.
“Aunque el impacto total de la decisión sigue sin estar claro, lo que está claro es que el presidente Trump y su familia buscarán todos los recursos de apelación disponibles para rectificar este error judicial”, declaró Kise.
Perder los certificados significaría que Trump ya no podría hacer negocios en Nueva York como hasta ahora, dijo Janet Sabel, exadjunta jefe de la oficina del fiscal general del estado. “Pero aún está por decidir cómo se desarrollará exactamente y qué ocurrirá con sus bienes”, dijo.
Varias de las propiedades cuyo valor infló Trump están situadas fuera de Nueva York, como su club Mar-a-Lago de Palm Beach (Florida) y su campo de golf de Aberdeen (Escocia), lo que plantea la posibilidad de que se transfieran a entidades no neoyorquinas. Pero muchos de sus bienes más valiosos permanecen en el estado donde nació y donde saltó a la fama, como la Torre Trump, el edificio de oficinas del número 40 de Wall Street y la finca Seven Springs, en el condado de Westchester.
Éstas son algunas de las propiedades citadas en la orden de Engoron:
Torre Trump “Triplex”
El juez declaró que Trump cometió fraude al afirmar repetidamente que su ático de 10.996 pies cuadrados en Manhattan era casi tres veces mayor que en la realidad, incluso después de que un periodista de una revista pusiera sobre aviso a la Organización Trump de que el valor estaba inflado. Las declaraciones anuales de la situación financiera de Trump utilizaron los metros cuadrados falsos para inflar su patrimonio neto hasta en US$207 millones. En 2012, cuando Trump valoró el ático en unos “asombrosos” 180 millones de dólares, ningún apartamento vendido en Nueva York se había “acercado jamás” a ese precio, dijo el juez.
“Una discrepancia de este orden de magnitud, por parte de un promotor inmobiliario que valora su propio espacio vital durante décadas, sólo puede considerarse fraude”, dijo Engoron.
La finca de Seven Springs
Trump recibió tasaciones del valor de mercado de la propiedad neoyorquina de 200 acres en 2000, 2006, 2012 y 2014, que la valoraban en US$30 millones o menos. Aun así, las declaraciones de la situación financiera de Trump de 2011 indicaban que el valor era de US$261 millones y llegó a alcanzar los US$291 millones en 2014. Una empresa externa aumentó su valoración a US$56,6 millones en 2015 debido a los desarrollos previstos, pero el juez dijo que eso no explicaba las exageraciones de Trump.
“Incluso concediendo a los acusados el beneficio de la cifra de US$56,6 millones a 1 de diciembre de 2015, el valor presentado en el SFC de 2014 de Donald Trump estaba inflado en más de un 400%”, escribió Engoron.
Mar-a-Lago
El juez consideró que Trump valoró la propiedad de Palm Beach como si pudiera ser completamente reurbanizada como propiedad residencial, sin tener en cuenta las numerosas restricciones que le impiden utilizarla como otra cosa que no sea un club social privado. Trump declaró que compró la propiedad por 8 millones de dólares en 1985 y que sus peritos dirían que ahora vale US$1.500 millones. El condado de Palm }Beach evaluó el valor fiscal de Mar-a-Lago de 2011 a 2021 entre 18 y US$27,6 millones.
Engoron señaló que el perito de Trump había dicho que podía “soñar” con algunas personas ricas, como Elon Musk y Bill Gates, que podrían comprar Mar-a-Lago por más US$1.500 millones. “Obviamente, este tribunal no puede considerar una ‘declaración jurada de experto’ que se basa en ‘sueño[s]’ inexplicados y sin fundamento”, escribió el juez.
40 Wall Street
La emblemática propiedad comercial que Trump posee en el Bajo Manhattan fue tasada por una empresa inmobiliaria en 200 millones de dólares en 2011 y en US$220 millones en 2012. A pesar de estas tasaciones, los estados financieros de Trump afirmaban que la propiedad valía 524,7 millones de dólares en 2011 y US$527,2 millones en 2012, lo que Engoron calificó de “sobrevaloración de más de US$300 millones cada año.”
Trump Park Avenue
Trump tasó un edificio residencial situado en el Upper East Side de Manhattan sin tener en cuenta 12 unidades de condominio de alquiler estabilizado no vendidas, valoradas en un total de US$750.000, o US$65.000 por unidad. Una tasación de 2020 valoró seis de las unidades en unos US$23 millones, o 3,8 millones por unidad.
Trump había argumentado que las unidades no estaban sobrevaloradas porque “las unidades de alquiler estabilizado tienen el potencial, en algún momento del futuro, de convertirse en unidades de alquiler no estabilizado”. En su sentencia, Engoron señaló que las unidades de alquiler regulado pueden pasar de una generación a otra a perpetuidad y que los estados financieros “están obligados a declarar valores ‘actuales’, no valores ‘algún día, tal vez’.”
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