Bloomberg Línea — El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dijo este miércoles que aceptó retomar el proceso de transición propuesto por las autoridades electas el 20 de agosto.
“Anuncio al pueblo de Guatemala que, con el fin de retomar la transición, utilizaremos la metodología planteada por el presidente electo, que está limitada única y exclusivamente a reuniones sectoriales”, dijo Giammattei en cadena nacional.
El mandatario reiteró que el 14 de enero de 2024, “tal como lo manda nuestra carta magna”, entregará el poder a Bernardo Arévalo de León para un nuevo ciclo de cuatro años.
Giammattei recordó que el proceso de transición del nuevo gobierno quedó suspendido el 12 de septiembre por decisión de Arévalo de León, “cuando correspondía a la fase de reuniones sectoriales para el intercambio de información de cada ministerio y secretaría de estado”.
Entonces, el presidente electo tomó la decisión debido a los ataques de fiscales del Ministerio Público guatemalteco contra los resultados de las elecciones. El más reciente, la apertura de 160 urnas electorales por parte de la autoridad judicial sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La última reunión entre ambos fue el 11 de septiembre último. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general, Luis Almagro, estuvo mediando el proceso de transición.
Fiscalía pide quitar inmunidad a magistrados del TSE
Horas antes de la cadena de Giammattei, los fiscales del Ministerio Público solicitaron el retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean investigados por supuestas anomalías en la adquisición de un sistema de transmisión de datos utilizado en los comicios de este año.
Por los supuestos delitos de “abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes”, la Fiscalía pide a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que los magistrados electorales Irma Elizabeth Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Mynor Custodio Franco Flores; y los suplentes, Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes, sean investigados.
De acuerdo con la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala, existen “irregularidades” en el contrato con el que se adquirió el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), utilizado en los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos por “socavar la justicia” del país en la lista Engel, ha judicializado el proceso electoral y accionado contra el partido político Movimiento Semilla, del presidente electo.
El pasado 18 de septiembre, Almagro solicitó a la Fiscalía que “deje de perseguir a Arévalo de León y su partido” por considerar que la investigación “carece de claridad” y tiene fines políticos.
Además, a principios de septiembre Arévalo de León denunció públicamente que la fiscal Porras encabeza un intento de “golpe de Estado”, que tiene la finalidad de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
