Bloomberg Línea — Shakira presuntamente evadió unos 6,6 millones euros en impuestos al utilizar una serie de empresas en paraísos fiscales en sus declaraciones de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre el Patrimonio (IP) correspondientes al año 2018, dice una segunda demanda que la Fiscalía de Delitos Económicos de España le impuso , de acuerdo con la acusación del Ministerio Fiscal hecha publica este martes.
Esta nueva demanda fue presentada ante los tribunales de Esplugues de Llobregat, Barcelona, lugar que según la Fiscalía era la residencia de la artista colombiana. Esto ocurre después de que en julio, el Juzgado de Instrucción 2 abriera un segundo caso en su contra por supuestas infracciones fiscales.
Este nuevo caso no guarda relación con el juicio que está programado para comenzar el 20 de noviembre en Barcelona, donde la cantante enfrenta la posibilidad de una pena de prisión de 8 años y 2 meses, además de una multa de 23,7 millones de euros, por presuntamente evadir 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.
A la agencia EFE, el gabinete de comunicación de Shakira dijo que no ha recibido “notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella”, y agregó que su equipo legal está “centrado en la preparación del juicio” que empezará a finales de noviembre.
En esta ocasión, el Ministerio Público plantea en su querella que Shakira pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
Con ello, la artista de 46 años se ahorraría una escena como la que vivió en 2019 en su comparecencia en su primera causa por delito fiscal. Entonces, la artista obvió la orden de la magistrada de Esplugues de Llobregat, quien le había instado a que entrara por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos y, en su lugar, usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a los medios de comunicación.
La denuncia de la Fiscalía señala hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la sindicada utilizó presuntamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero.
Una de las sociedades la habría usado para recibir ingresos por derechos musicales y pagar gastos de su actividad artística. Sobre el resto, la fiscalía afirma que “carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos”.
