Bloomberg Línea — Por unanimidad, nueve diputados de seis fracciones que integran la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos aprobaron una moción para abrir una investigación sobre la solicitud de datos crediticios por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La decisión se tomó luego de la comparecencia del titular del BCCR, Róger Madrigal, quien reconoció a los diputados de la Asamblea Legislativa que la autoridad monetaria solicitó datos de depósitos y ahorros de los costarricenses a los bancos “por error”.
El funcionario compareció este jueves para ser cuestionado respecto a las solicitudes de información sin anonimizar que la entidad ha hecho a los bancos públicos y privados del país, así como al Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Bajo juramento, Madrigal defendió en todo momento que los datos no anonimizados sobre operaciones crediticias solicitados a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no son “sensibles”.
La investigación legislativa buscará dar respuestas al escándalo en que se ha visto inmerso el Banco Central luego de que Rocío Aguilar, superintendente general de Entidades Financieras, informara que la entidad le denunció penalmente por negarse a brindar “datos privados y confidenciales de los clientes”.
Desde entonces trascendió que el BCCR también remitió un oficio al Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BN), Banco Popular (BP) y a la entidad privada BAC Credomatic, diciéndoles que estaban “obligados” a entregar, “en tiempo y forma”, los datos de los ahorrantes, depositantes y deudores sin anonimizar. Todos, con la excepción del BN, entregaron la información solicitada.
Madrigal comparecerá en otra audiencia
En la comparecencia, Madrigal habló sobre las conversaciones que llevaron a que la Junta Directiva del BCCR solicitara a la Sugef acceso a la información crediticia, como salarios, información de deudores, números de cédula, tipo de ocupación, lugar de residencia y otros datos, con el fin de desarrollar un nuevo indicador estadístico relacionado con los riesgos hidrológicos del país.
“Tenemos que determinar los riesgos hidrológicos a los que se está expuesto y necesitamos la información de dónde están los activos. Es parte del convenio con el FMI, página 96 del memorando técnico, donde se pide tener un repositorio, tener información y hacer el análisis”, dijo a los diputados.
“El error está en haberse ido en un anexo unas variables de las cuales el banco ya tenía y tan pronto pudimos retiramos esa información”, declaró el titular del BBCR ante una pregunta que le hizo el congresista Fabricio Alvarado, de Nueva República.
Sin embargo, no pudo detallar sobre el procedimiento que se siguió para borrar esa información. Alvarado cuestionó al titular del BCCR por cometer errores de ese tipo con el manejo de información tan delicada.
La comparecencia finalizó con el acuerdo de convocar al funcionario del Banco Central a otra audiencia para referirse a la petición de información sin anonimizar de personas y empresas.
“Entendemos la necesidad de tener información para fines estadísticos, pero lo que está haciendo el BCCR es conseguir información individualizada que no debería tener. Ese es un exceso que representa un peligro para todos los costarricenses”, dijo el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco.
Por su parte, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) expresaron su apoyo a la decisión de los diputados de abrir una investigación contra el Banco Central.
