Bloomberg Línea — Tres días después de terminar su periodo constitucional como fiscal general de la República de Honduras, Óscar Chinchilla salió con rumbo a Nicaragua el 3 de septiembre, siguiendo los mismos pasos que han dado exfuncionarios señalados de estar involucrados en corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
Una investigación de Infobae revela que Chinchilla, a quien se liga con el narcotráfico, huyó al país vecino para evadir la extradición a Estados Unidos. Una decisión similar a la que tomaron Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, secretario de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la administración de Juan Orlando Hernández, y a quienes el estado nicaragüense les concedió la nacionalidad el 17 de junio de 2022.
Hernández, preso en una cárcel neoyorquina tras ser extraditado en abril de 2022, espera un juicio “por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego”. Tanto Díaz Lupián como Cardona López fueron señalados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de cometer actos de corrupción en el desempeño de sus funciones.
“La dictadura sandinista ha convertido a Nicaragua en refugio de narcos, corruptos y demás delincuentes de lesa humanidad. El sandinismo hizo de nuestro país un nido de facinerosos”, dijo la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), un movimiento político joven surgido en abril de 2018.
Los exfuncionarios hondureños son parte de una larga lista de extranjeros que han conseguido refugio en Nicaragua y ciudadanía exprés en un aparente “negocio lucrativo, una transacción entre mafiosos”, como ha descrito el periodista exiliado Carlos F. Chamarro, a quien Daniel Ortega despojó de su nacionalidad junto con otros 93 nicaragüenses en marzo de este año.
El antropólogo nicaragüense Jimmy Gómez es del criterio que “la conversión de Nicaragua en refugio corrupto bajo Ortega evidencia un pacto de corruptos en Centroamérica, gestado en las entrañas estatales. Ofrece protección, oportunidades de negocio e intercambio entre sus miembros”.
El artículo 43 de la Constitución de Nicaragua señala que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Igualmente, la legislación exige al menos dos años de residencia en el país para obtener la nacionalidad, un requisito que se omite al momento de blindar a un prófugo con la nacionalidad.
Refugio para señalados por corrupción
Algunos de los señalados por corrupción y otros delitos que están o han estado refugiados en Nicaragua:
Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador (2009-2014)
La Fiscalía salvadoreña lo acusa por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos US$351 millones del presupuesto público en un entramado que incluye a familiares, amigos y exfuncionarios. El 30 de julio 2019, recibió la nacionalidad nicaragüense mediante la resolución número 3119, publicada en La Gaceta.
El Departamento de Estado de EE.UU. lo señaló en la Lista Engel de 2023 de orquestar y participar en varios esquemas que involucraban soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente. En su cuenta de X (antes Twitter) se describe como “perseguido político de la derecha”.
Salvador Sánchez Cerén, expresidente de El Salvador (2014-2019)
La Fiscalía General de El Salvador presentó en julio de 2021 cargos de corrupción en su contra por supuestamente recibir pagos irregulares por el orden de los US$530.000 cuando se desempeñaba como vicepresidente de Mauricio Funes (2009-2014). A los pocos días de que la Fiscalía formalizara la acusación, el régimen de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a él y a su familia. Figuró en la Lista Engel de 2023 que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en julio pasado por varios actos de corrupción.
Thaksin Shinawatra, exprimer ministro tailandés
En 2009, recibió un pasaporte diplomático de Nicaragua, luego que Tailandia le revocara el suyo, acusándole de instigar las protestas violentas en la capital Bangkok que dejaron un saldo de dos muertos y más de 100 heridos. La medida del gobierno de Daniel Ortega complicó la extradición de Thaksin, derrocado en 2006 por los militares y condenado por corrupción. Poco después, el secretario permanente del ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia, Veerasak Putrakul, pidió, sin éxito, a Nicaragua, “cooperación voluntaria” para facilitar la extradición de Shinawatra.
Alessio Casimirri, exmiembro del disuelto grupo terrorista italiano Brigadas Rojas
Al italiano se le acusó y posteriormente se le condenó a cadena perpetua por haber participado en el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro italiano Aldo Moro. Actualmente vive en Nicaragua desde 1983, donde se nacionalizó nicaragüense en 1988, durante el primer mandato de Ortega. En Managua abrió un restaurante de mariscos y pastas. En 2021, el Parlamento Europeo votó una resolución que pedía nuevamente a Nicaragua su extradición a Italia. La petición reafirmaba una solicitud ya formulada hace dos años.
Alberto Pizango, dirigente peruano de la etnia chayahuita
El 8 de junio de 2009, el jefe del Gabinete Ministerial peruano, Yehude Simon, informó en el Parlamento de la República que el dirigente nativo, Alberto Pizango, pidió asilo en la Embajada de Nicaragua en el Perú, tras ser acusado de sedición, conspiración y rebelión por el Gobierno de su país tras la muerte de al menos 34 personas en los sucesos de Bagua a inicios de ese mes. Permaneció 11 meses en Nicaragua hasta su regreso voluntario a Perú.
Maurizio Gelli, italiano naturalizado nicaragüense
Nacionalizado nicaragüense en mayo de 2009. Suma cuatro embajadas: desde noviembre de 2022 es embajador de Nicaragua en España y ante el Gobierno del Principado de Andorra, en calidad de concurrente, el 27 junio pasado. Luego el 23 de agosto, Ortega lo nombró como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de la República Helénica (Grecia), en calidad de concurrente, con sede en el Reino de España, y el 3 de septiembre se oficializó su cargo en la República de Eslovaca, indica el Acuerdo Presidencial No. 173-2023.
Según medios locales como Confidencial, es hijo de Lucio Gelli, un exagente italiano acusado de operaciones anticomunistas en la Guerra Fría. Antes, Gelli ya se había desempeñado como embajador de Nicaragua ante Canadá. De acuerdo con Nicaragua Investiga, en 1999, Maurizio Gelli fue imputado como sospechoso de intento de lavado de dinero de la fortuna ilegal de US$1.200 millones, que supuestamente acumuló su padre. Ese mismo año, fue detenido en Viena, como resultado de la investigación y anteriormente había sido buscado por las autoridades austríacas.
La mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres
Vinculadas a las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Recibieron asilo político en Nicaragua, autorizado por Ortega en 2008, luego de sobrevivir a un ataque de las Fuerzas Armadas Colombianas al campamento de las FARC en 2008. La Fiscalía General de Ecuador ordenó la captura y prisión preventiva de las tres mujeres, por delitos contra la seguridad ecuatoriana. Nicaragua rechazó la posibilidad de extraditarlas a Ecuador. Morett regresó a México seis meses y medio después de su virtual asilo en el país centroamericano.
Rubén Darío Granda, hermano del llamado “canciller de las FARC”
En 2010 recibió asilo político en Nicaragua y viajó en compañía de su familia a ese país. Fue otro de los asilos políticos cuestionables que ha refugiado Ortega en Nicaragua. Granda es hermano del guerrillero colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Granda, y fue acusado de ser el responsable de realizar las transacciones millonarias a nombre de las FARC, entre las que se incluía compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces de forma ilícita. Huyó de Colombia en plena investigación.
Pablo Escobar Gaviria, narcotraficante
Comandantes sandinistas, entre ellos Ortega, protegieron al más conocido capo de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, durante la revolución sandinista en la década de 1980. Según ha declarado el hijo del narcotraficante, Sebastian Marroquín, en entrevistas y en el libro Mi padre (Las Historias Que No Deberíamos Saber), “siendo un niño era evidente la protección que gozaba en su momento”. La llegada de Escobar a Nicaragua se produjo en el año de 1984, cuando huía después de haber ordenado el asesinato del ministro de justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla.
Gustavo Herrera Castillo, empresario y operador político guatemalteco
En 2021, El gobierno nicaragüense le otorgó la nacionalidad al prófugo guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, implicado en el caso Fénix. El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigándolo por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también le acusó de vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014.
Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temor por su vida y su seguridad, según La Prensa. Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG habían emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra.
Manuel Baldizón, operador político guatemalteco
Enfrentaba cargos por soborno en relación con el caso Odebrecht y acudió a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018. No recibió asilo oficialmente.
Ulises Sarmiento, ganadero hondureño
Sospechoso de mantener vínculos con el crimen organizado desde hace años, Su familia y él adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015, pero no lo obtuvieron.
-- Versión actualizada a las 9:34 (GMT-6) del 8 de febrero de 2024 con comentarios del antropólogo Jimmy Gómez a propósito que Nicaragua concedió asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli --
