Ciudad de Panamá — La aprobación o no del contrato ley que ampararía la explotación de cobre que realiza en Panamá la minera canadiense First Quantum Minerals LTD (FQM) ha reactivado las protestas en distintos puntos del país, mientras que la administración Laurentino Cortizo difunde mensajes sobre los supuestos beneficios económicos que dejaría la actividad.
Actualmente, el contrato ley se encuentra en “consultas” con representantes de la sociedad civil y moradores de las comunidades en donde se desarrolla el proyecto, ubicado a 120 kilómetros de la ciudad de Panamá, aunque estas no son vinculantes.
Unas 226 personas se inscribieron en la Asamblea Nacional para exponer sus argumentos durante cinco días respecto a la aprobación del proyecto de ley 1043 que ampara la concesión de FQM a través de su subsidiaria Minera Panamá S.A., una dinámica que no permite cambios en la redacción del documento.
El contrato surge luego de que la actual administración negociara con la empresa minera un nuevo pacto para sus operaciones tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato original que data de 1997 por parte de la Corte Suprema de Justicia -a través del fallo del 21 de diciembre de 2017- pero que ningún gobierno acató.
“Por tercera vez, ante el altar de la patria, vengo a solicitarles, a pedirles y, si es necesario suplicarles, por el futuro del país que devuelvan al Ejecutivo el tratado contrato de First Quantum, Minera Panamá”, repitió en el auditorio de la Asamblea Nacional el excontralor de la República y docente José Chen Barria.
Con este contrato el país está en una “relación tóxica”, explicó el también profesor de la Universidad de Panamá, porque se trata de una “imposición colonialista de una multinacional contra el pueblo panameño” y lo comparó con el tratado Hay -Bunau Varilla, firmado en 1903 entre Panamá y Estados Unidos, que pactó la construcción del Canal Interoceánico y estableció la Zona del Canal, una franja de 10 kilómetros en la que se aplicaban las normas estadounidenses y en donde se prohibía el acceso a los panameños.
La lucha ahora no sería contra EE.UU. sino contra China, Corea del Sur, Singapur y Canadá, acotó Chen Barria, porque estas naciones no son solo accionistas de la mina sino compradores del mineral.
Por su parte, entre las voces de defensa de la ley se encuentran organismos empresariales, como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara Minera de Panamá. La expresidenta de Apede, Elisa Suárez, cuestionó lo que ocurriría de no firmarse el contrato minero y preguntó a su turno en la Asamblea: “¿Cómo le vamos a dar trabajo a esos 7 mil empleos directos y a los más de 32 mil indirectos, cuando Panamá tiene una tasa de 8,9% de desempleo”, precisamente el primer punto que alega el documento presentado por el gobierno para su aprobación.
Suárez resaltó que tras año y medio de negociación para lograr un acuerdo entre el gobierno y la trasnacional se perjudicó a los trabajadores en su capacidad de endeudamiento y “hemos llegado a la conclusión de que este proyecto tiene más ventajas que desventajas, es mucho mejor de lo que había” y pidió “seguridad jurídica para todos”
Puntos más polémicos
El contrato que avalaría por 20 años prorrogables la operación minera a cielo abierto, concede 12 mil 955 hectáreas de bosque y establece que la empresa puede solicitar a la autoridad que se restrinjan los vuelos “temporales o permanentes” a 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar por motivos de seguridad.
También establece mantener y reconocer los derechos de servidumbre correspondientes a las instalaciones. Precisamente, en una pasada entrevista con Bloomberg Línea, el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, indicó que la empresa se tomó tierras fuera de la concesión para la tina de relaves mineros y que había que reconocerlas porque nada se podía hacer.
De igual manera, generar electricidad directamente o a través de terceros para uso de la concesión y vender el excedente, así como “adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado dentro o fuera de la concesión”, y que en caso de que la concesionaria requiera tierras privadas, tanto dentro o fuera del área concesionada, intentará pactar con el propietario o de lo contrario se aplicaría la expropiación.
Defensa del documento
Por su parte, el Ejecutivo mantiene sendas propagandas en diversas plataformas en las que reitera que se trata de un “nuevo acuerdo justo y beneficioso” entre el Estado y la empresa porque se amplía la regalía de 2% del contrato previo a 16% sobre la producción bruta y que ahora la empresa pagará impuestos, lo que no se contemplaba anteriormente.
Se asegura un ingreso mínimo anual al Estado de US$375′000.000 entre regalías e impuestos, se reduce el porcentaje de trabajadores extranjeros de 25% a 15%, se obliga a la empresa a capacitar a los panameños en áreas relacionadas a la minería para reemplazar a los extranjeros, la nueva fianza de cumplimiento se incrementa de US$3′0000.000 a US$70′000.000 y se indica que debe establecerse un plan de cierre, entre sus aspectos fundamentales.
Entre tanto, un halo de trato diferencial entre los trabajadores de la minera y la ciudadanía fue denunciado por del diputado independiente Juan Diego Vásquez quien mostró ante las cámaras del canal de televisión TVN unos salones con atención especial para los trabajadores de la empresa extractiva mientras que al grupo opuesto se le recibe con represión policial. Una acción policial que fue denunciada por la Defensoría del Pueblo por “excesiva” entre el 28 y 29 de agosto y se abrió una investigación de oficio.
“A los empleados de la empresa les tienen almuerzo en los salones de la Asamblea, lo dejan entrar por las puertas de atrás de la Asamblea, son ciudadanos, merecen un buen trato, pero ¿por qué ellos sí y a estos no?”, se preguntó Vásquez, según los empleados mineros se debe a motivos de seguridad.
Mientras las opiniones de parte y parte no cesan y la controversia por el tratamiento ambiental en una zona declarada protegida y parte del Corredor Biológico Mesoamericano persiste, la empresa, que inició operación comercial en Panamá en 2019, sigue operando y es la principal exportadora de cobre.
En el primer semestre del año se exportaron US$1.311′197.000 en minerales de cobre y sus concentrados, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República.
“Lo único bueno que tiene el contrato celebrado entre el gobierno y Minera Panamá es que éste tiene más cláusulas violatorias de la Constitución política del país que el anterior”, comentó a Bloomberg Línea el reconocido constitucionalista panameño Carlos Bolívar Pedreschi.
