Bloomberg Línea — A pocas horas de vencerse el plazo para la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto de Honduras, la presidenta Xiomara Castro y la militancia oficialista se movilizarán el 29 de agosto en la capital para “exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, pero el Congreso Nacional aún no da señas de consensos.
En varias intervenciones, la mandataria ha dicho que el Poder Legislativo “está bajo ataque” y sometido a un boicot “de los que no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección del fiscal general y fiscal adjunto como ordena la Constitución”.
Antes del primero de septiembre, los diputados deben elegir a las dos personas que ocuparán los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto, que ostentan Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián, respectivamente. Para ello, existe una nómina de cinco candidatos y se necesita mayoría calificada de 86 votos de 128 diputados.
Sin embargo, las sesiones legislativas han sido suspendidas o canceladas en las últimas tres semanas por conflictos entre las bancadas del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y el opositor Partido Nacional.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo por X (antes Twitter), que “quienes nos atacan creen que están por encima de la Constitución y las leyes, ya que tenían acostumbrado al pueblo hondureño a su violación sistemática”.
Un criterio similar expresó el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, al decir que desde el Congreso Nacional hay quienes han tratado de obstaculizar que el proceso se realice.
“Ellos tienen una estrategia porque saben hasta ahora han tenido el control de esa fiscalía para que no los investiguen” y aseguró “que quienes tienen asuntos pendientes con la justicia, se sienten amenazados, ya que con la elección de un nuevo fiscal van a tener que rendir cuentas”.
Escuadrón contra “traidores de la Patria”
La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, informó el 25 de agosto que organizó “equipos especializados para investigar y contrarrestar cualquier amenaza orientada a la comisión de los delitos de traición a la patria, terrorismo y golpe de Estado”.
El anuncio se dio pocas horas después de la ceremonia del 158 aniversario de fundación de la Fuerza Naval, en la que el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, José Jorge Fortín Aguilar, increpara “de no más golpes de Estado” a los generales en condición de retiro, Mario Raúl Hung Pacheco, José Isaías Barahona, Romeo Vásquez Velásquez y Luis Alonso Maldonado Gáleas.
Varios actores del actual gobierno, incluyendo Castro, han denunciado por meses ser víctimas de “una conspiración que se está formando” por parte de sectores que en junio de 2009 dieron un golpe de Estado al expresidente y su esposo, José Manuel Zelaya Rosales, y que ahora buscan desestabilizar su administración.
A mediados de agosto, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, sobrino de la pareja presidencial e hijo del secretario del Congreso Nacional —Carlos Zelaya— advirtió a Vásquez Velásquez que le espera “un reloj que le hace tic tac, tic tac, tic tac...”, en alusión a que “tiene las horas contadas” para rendir cuentas.
El funcionario agregó que la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, no solamente será para cabecillas de maras o involucrados en el crimen organizado, “también para aquellos que hoy se pomponean el pecho hablando de democracia y mientras estuvieron activos no hicieron nada por esta noble institución”.
Los oficiales en condición de retiro condenaron a través de un comunicado en conjunto las “acusaciones y amenazas” vertidas por el secretario Zelaya, “implicándonos en saquear las arcas del Estado, tildándonos de asesinos, de prestarnos a ilegalidades y de dar golpe de Estado”.
También dijeron que lo sucedido hace 14 años, “especialmente lo actuado por el general Vásquez Velásquez, fue en cumplimiento de su deber como ciudadano y jefe del Estado Mayor Conjunto, tal como lo estipula el artículo 272 de la Constitución”, referido a que las Fuerzas Armadas cooperarán en la conservación del orden público.
Piden independencia para nueva fiscalía
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) llamó al CN a que busque “acuerdos de Estado” para que el Ministerio Público goce de independencia y “asegurar que el ente investigador pueda garantizar el derecho de acceso a la justicia como pilar esencial del estado de derecho”.
Agregó que la independencia y autonomía del Ministerio Público es la mejor garantía de un trato equitativo y objetivo y todos los ciudadanos, víctimas y personas investigadas, incluyendo los actores políticos.
Por otra parte, el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), formado por miembros del Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y un par del Partido Liberal, rechazó el domingo las presiones que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Legislativo para la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Mediante un pronunciamiento público, consideró que esto es “una abierta violación a los principios de independencia y no injerencia de los poderes del Estado” e “imploró” a la comunidad nacional e internacional a que permanezcan en alerta a las actuaciones del gobierno y de la junta directiva del Congreso Nacional.
El BOC dijo que responsabilizará al gobierno, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de cualquier daño contra la integridad física de los diputados, las instalaciones, los bienes públicos o privados que puedan causar los empleados públicos convocados por Castro para manifestarse este martes en los bajos del Legislativo.
