Bloomberg Línea — Fitch Ratings dijo este jueves que la reciente elección presidencial de Guatemala no traerá grandes cambios de política macroeconómica, anclada en un historial de conservadurismo fiscal y un banco central independiente.
En los comicios del 20 de agosto, Bernado Arévalo de León, de Movimiento Semilla, recibió alrededor del 58% de los votos, mientras que Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo menos del 40%.
El excongresista de 64 años se posicionó como un candidato reformista anticorrupción y superó las expectativas en la primera vuelta cuando terminó segundo detrás de Torres, quien buscaba la presidencia por tercera ocasión.
A pesar de “la magnitud de la victoria” de Arévalo de León en la segunda vuelta, Fitch considera que el Legislativo fragmentado que se formó en los comicios del 25 de junio puede obstaculizar su agenda.
El Congreso de la República de 2024-2028 está representado por 17 partidos. Vamos, liderado por el mandatario saliente Alejandro Giammattei, es el partido más grande con 38 de 160 escaños, seguido por la UNE (28 escaños) y Semilla (23 escaños).
Fitch destaca que el ganador de las elecciones se ha comprometido a crear nuevos órganos anticorrupción dentro del gobierno, tomando medidas para mejorar la transparencia y reformando el Código Penal.
Sin embargo, es probable que estos esfuerzos enfrenten desafíos debido a los intereses creados y la fragmentación del Congreso, y podrían tomar tiempo para dar resultados incluso si se implementan con éxito, según la calificadora de riesgo.
Medidas cautelares para el binomio ganador
Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala”.
El órgano de la OEA dijo que el binomio sería “objeto de estigmatización, hostigamientos, acoso, exposición pública de su información personal por medio de plataformas virtuales, así como amenazas que incluye la existencia de dos planes para atentar en contra de sus vidas e integridad, uno incluso notificado por fiscales”.
El proceso electoral mismo presentó varias irregularidades, con cuatro candidatos presidenciales descalificados por tecnicismos, y el retraso en la oficialización de los resultados de la primera vuelta tras impugnaciones legales de algunos partidos políticos.
La Fiscalía también intentó suspender la personalidad jurídica de Semilla después de la votación del 25 de junio, y la candidatura de Arévalo de León fue objeto de impugnación legal.
Incluso en su análisis, Fitch dijo que la contienda electoral puso de relieve las deficiencias de la gobernanza, que constituyen una limitación clave de la solvencia soberana del país centroamericano, que han empeorado desde 2019, cuando la administración de Jimmy Morales expulsó a una misión anticorrupción respaldada por la ONU.
Los indicadores de gobernabilidad continuaron disminuyendo durante el mandato de Giammattei, principalmente aquellos relacionados con el control de la corrupción y el estado de derecho, agregó.
La débil gobernanza en Guatemala es una barrera importante para un mayor impulso al alza en las calificaciones, consideró la agencia calificadora de riesgo crediticio.
Las expectativas del gobierno de Arévalo de León
En el análisis, Fitch dijo que el plan de gobierno de Arévalo de León prevé un aumento sustancial del gasto social, financiado mediante una mayor recaudación de impuestos a través de mejoras administrativas en lugar de aumentar las tasas impositivas, así como cierto aumento del endeudamiento.
Esto implica un aumento proyectado en el déficit fiscal del gobierno central al 2,9% del PIB para 2025 desde el 2,1% actual (en los 12 meses hasta junio), y desde el 2,6% que el plan de Arévalo proyecta para 2023.
“Pero esperamos que tales planes se enfrenten con un fuerte conservadurismo fiscal. El establishment político de Guatemala se ha resistido durante mucho tiempo tanto a los aumentos de impuestos como a la acumulación de deuda, y lograr mayores ganancias en la recaudación de impuestos a través de medidas administrativas podría ser más difícil después de los éxitos recientes”, indicó la agencia.
Para Fitch, el gobierno ha registrado déficits fiscales bajos durante muchos años, ya que los presupuestos han obedecido estrictos límites de financiamiento impuestos por el Congreso de la República.
Además considera que las configuraciones de políticas existentes han permitido una fuerte recuperación fiscal y económica pospandémica, y mayores mejoras en las métricas externas, que impulsaron la decisión de actualizar a ‘BB’/Estable la calificación de Guatemala en febrero de 2023.
La deuda pública/PIB en 26,9% (2022) es el ratio más bajo de América Latina y uno de los más bajos en la categoría ‘BB’, y se prevé que se mantenga estable dados los bajos déficits fiscales.
La administración Giammattei pudo aprobar algunas reformas económicas para mejorar el clima de negocios e impulsar la inversión, pero las perspectivas de Arévalo de León para lograrlo son menos claras.
