Bloomberg Línea — La megacárcel, un recinto penitenciario construido en tiempo récord para evitar el hacinamiento producto de la guerra contra las pandillas en El Salvador, recibió a sus primeros reclusos hace exactamente seis meses.
La producción audiovisual difundida en febrero por el Estado salvadoreño mostraba a una considerable cantidad de reos de cabezas rapadas, brazos y espaldas tatuadas, apilados muy juntos antes de ser llevados a celdas de unos 100 metros cuadrados en las que permanecen de 60 a 75 reclusos en camarotes de lámina, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo y dos bebederos de agua.
A la fecha, el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca —a 72 kilómetros de San Salvador— alberga a más de 12.000 detenidos, la mayoría de los cuales son sospechosos de pertenecer a las “maras”, banda delictiva que pasó de una pandilla juvenil de California en las décadas de 1980 y 1990 a estar categorizadas como organización criminal internacional.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, advirtió que los recluidos en la llamada cárcel más grande de América Latina, por su capacidad para 40.000 personas, “nunca más volverán a ver la luz del sol. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
Desde que comenzó el régimen de excepción, anunciado por el mandatario en marzo de 2022 y prorrogado en 17 ocasiones, han sido capturadas más de 72.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser mareros, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Sin embargo, el mismo Estado ha confirmado que 7.000 de los detenidos han recuperado su libertad.
Organizaciones defensoras cuestionan que estas detenciones son generalizadas e indiscriminadas, y que han resultado en que casi el 2% de toda la población adulta del país esté tras las rejas.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), grupos de derechos humanos denunciaron la muerte de 174 personas bajo custodia estatal y más de 6.400 abusos documentados contra los derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias durante el estado de emergencia.
Las autoridades defienden las medidas asegurando que el país pasó de una tasa de homicidios récord en marzo de 2022, cuando se registraron 62 asesinatos en un solo día en la nación centroamericana de 6,4 millones de personas, a 161 días sin muertes por violencia a nivel nacional en lo que va de 2023.
El CECOT, del que persiste hermetismo por parte del gobierno, volvió a ser noticia esta semana con la visita que hicieron la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, y el comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, el abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero, a la mega cárcel.
La procuradora Caballero recopiló quejas por la escasez de comida y la alta de actividades. “Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”.
El comisionado Guzmán Caballero contó a la agencia Agence France-Presse (AFP) que le consultó a los reos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron productos de higiene y medicamentos.
“Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando”, dijo. “Los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones”.
Semanas atrás, el comisionado dijo a El Faro que en El Salvador no se cometen abusos, como la tortura y sostuvo su afirmación en el hecho de que no hay denuncias interpuestas ante la Fiscalía. Sin embargo, iniciativas como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) han documentado cientos de casos.