Bloomberg — Si te mueves en ciertos círculos, es bastante fácil creer que Puerto Rico ha dejado atrás los devastadores huracanes y la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.
A lo largo de las playas de arena blanca y aguas cristalinas de la isla están surgiendo hoteles y restaurantes de lujo. Una cena para dos aquí puede costar US$500. Los ejecutivos de los fondos de cobertura y los exiliados cripto se están instalando en la isla, atraídos por lucrativas exenciones fiscales.
Pero es el zumbido de los generadores privados lo que hace posible esos estilos de vida y protege a este grupo de habitantes de la isla de la realidad que vive la inmensa mayoría.
La anticuada y frágil compañía eléctrica de Puerto Rico ya estaba en quiebra y necesitaba desesperadamente reparaciones cuando el huracán María arrasó la isla en 2017. La tormenta causó daños por valor de más de US$90.000 millones y dejó sin electricidad a algunas zonas durante casi un año. Desde entonces, la gestión de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, o AEE, ha pasado a manos privadas, pero los problemas persisten. Los apagones (incluso en días soleados) son deprimentemente frecuentes, y la isla suele tener la electricidad más cara de todas las jurisdicciones estadounidenses, salvo Hawai y Alaska.
Los problemas energéticos son una carga adicional en una isla donde el 40% de la población vive en la pobreza y se ha agravado una crisis de asequibilidad, gracias en parte a la afluencia de residentes ricos. El producto nacional bruto real sigue por debajo de los niveles de 2016, entre huracanes, terremotos y mala gestión. Se espera que vuelva a reducirse este año, a pesar de la afluencia de US$120.000 millones en ayudas federales para la reconstrucción. Mientras tanto, el pago de las pensiones y el servicio de la deuda absorben el 25% del presupuesto del ELA, incluso después de la quiebra.
Esto hace que Puerto Rico se tambalee al borde de otra posible crisis fiscal, agravada por la carga de la deuda de la AEE y el aumento de las tarifas eléctricas que ha provocado protestas en las calles.
“Necesitamos conseguir una carga de deuda sostenible que Puerto Rico pueda pagar y que los consumidores puedan soportar”, dijo sobre la AEE Sergio Marxuach, director de políticas del Centro para una Nueva Economía, un grupo de vigilancia fiscal con sede en San Juan. “Ése es el resultado más importante de todo este proceso que ha resultado ser increíblemente duro, largo y complicado”.
El gobierno del ELA llegó a su propio acuerdo de quiebra en 2022, reduciendo la deuda de unos US$22.000 millones a unos 7.400 millones. Pero recortar las obligaciones de la AEE (mientras la red eléctrica se pone bajo gestión privada y requiere miles de millones en reparaciones) ha sido más polémico.
Seis años de negociaciones no han logrado resolver su deuda de casi US$9.000 millones, aunque la AEE y algunos tenedores de bonos están trabajando en un acuerdo provisional. La prolongada negociación ha puesto a prueba la paciencia de la jueza Laura Taylor Swain, que supervisa el caso.
Swain limitó recientemente el pago de la AEE a los tenedores de bonos a unos US$2.400 millones. Sin embargo, cualquier pago a los acreedores se añadiría a la factura de la luz de los residentes en apuros mediante el llamado cargo heredado, según la actual propuesta de reducción de la deuda de la junta de supervisión financiera de Puerto Rico, que está gestionando la quiebra de la empresa de servicios públicos. Eso es lo que hace que los procedimientos judiciales de la AEE sean tan vitales.
Los ricos de la isla pueden mitigar las subidas de las tarifas adoptando sistemas solares en los tejados y baterías, pero éstos pueden costar varios miles de dólares y están fuera del alcance de la mayoría de los residentes de una isla con una renta familiar media de US$22.000. Aunque los más pobres pueden optar a subvenciones energéticas, eso dejaría a la clase media y a las empresas soportando la peor parte de cualquier nuevo aumento.
Ariel Torres Ramos, presidente de la junta directiva de Selectos, una cadena puertorriqueña de supermercados con más de tres docenas de establecimientos, dijo que las empresas locales pagan el precio de la mala gestión del gobierno. Las tarifas energéticas comerciales en Puerto Rico ya duplican la media estadounidense. Las pequeñas empresas no pueden absorber más subidas, y cada vez es más difícil repercutir los costes en los consumidores.
“No pueden seguir haciendo agujeros en el sector privado”, dijo. “Por eso tenemos que alzar la voz y poner fin a los abusos. No pueden seguir exprimiéndonos”.
A pocos kilómetros de donde el multimillonario John Paulson está construyendo un condominio de lujo (donde una unidad de cuatro dormitorios cuesta US$4,7 millones), la activista Janet Cruz se unió a otros miles de personas en un reciente día laborable para marchar hacia el palacio del gobernador en el distrito turístico del Viejo San Juan. Los manifestantes exigían que la AEE no devolviera ni un céntimo de los US$8.300 millones que debe a los bonistas.
En su opinión, las instituciones financieras estadounidenses se enriquecieron con los bonos de Puerto Rico que políticos locales corruptos emitieron a pesar de los límites constitucionales de endeudamiento.
“Esa deuda era ilegal, pero los inversores la compraron de todos modos, a sabiendas de los riesgos”, afirmó Cruz, que regresó recientemente a Puerto Rico tras vivir en Estados Unidos continental durante una década. “Esa deuda no es nuestra y no hay razón para que la paguemos”.
Según algunos indicadores, la economía de Puerto Rico está en auge. Recientemente se puso a la venta una casa en la exclusiva comunidad de Dorado por US$44 millones, estableciendo un nuevo récord local. El turismo está alcanzando máximos históricos y la tasa de desempleo, en torno al 6%, está cerca de un mínimo histórico. El gobernador Pedro Pierluisi ha calificado las cifras de prueba “real e irrefutable” de que la economía está en alza.
Los acreedores de Puerto Rico también afirman que la economía ha dado la vuelta a la esquina, pero el gobierno alega dificultades para evitar el pago de sus deudas pendientes desde hace mucho tiempo.
“Ningún tenedor de bonos ha obligado nunca al gobierno a emitir bonos”, dijo Daniel Solender, jefe de municipales de Lord Abbett & Co, que posee deuda de la AEE. “Ahora se trata de que los bonistas piden demasiado”.
Uno de los principales motores de la economía ahora son US$120.000 millones en fondos federales, emitidos a raíz de la temporada de huracanes de 2017, los terremotos y la pandemia. El dinero equivale a que el estado de Nueva York recibiera US$2 billones, según la junta que gestiona las finanzas de la isla.
“Estos fondos representan una oportunidad única en la vida para reconstruir la economía de la isla”, dijo Robert Mujica Jr, director ejecutivo de la junta, en una reciente reunión pública. “Pero nuestro análisis no apunta hacia un crecimiento económico sostenible si estos fondos no se invierten para estimular el crecimiento”.
Y parte de esa ecuación consiste en reconstruir la red eléctrica y otras infraestructuras que impulsen el sector privado.
Mientras Cruz marchaba hacia la mansión del gobernador, señaló tiendas y edificios que solían ser propiedad de puertorriqueños, pero que ahora están en manos de continentales.
Más de 5.000 personas se han trasladado a Puerto Rico desde 2012 para beneficiarse de los incentivos antes conocidos como Ley 22 y ahora como Ley 60. El programa permite a los recién llegados no pagar impuestos federales sobre la renta y cero impuestos sobre los dividendos, los intereses y las ganancias de capital, lo que lo hace popular entre los inversores y los tenedores de criptomonedas. Pero los que ya viven en la isla no pueden beneficiarse de todas las ventajas, lo que alimenta la percepción de que los ricos continentales reciben un trato especial que les da un poder adquisitivo con el que los autóctonos no pueden competir.
Las tensiones entre nosotros y ellos se ven exacerbadas por el hecho de que Puerto Rico es una posesión estadounidense desde que fue arrebatada a España en 1898. Aunque los residentes de la isla son ciudadanos estadounidenses y no pagan impuestos federales sobre los ingresos locales, tienen derechos limitados: No pueden votar al presidente, no tienen voto en el Congreso estadounidense y se ven perjudicados en varios programas federales.
En tres referendos celebrados desde 2012, los puertorriqueños han manifestado que quieren ser un Estado de pleno derecho. Pero la participación ha sido a menudo baja, y el Congreso, que decide en última instancia el estatus de la isla, ha ignorado en gran medida los resultados.
El mes pasado, en el 125 aniversario de la ocupación estadounidense, aparecieron pintadas en una carretera principal en las que se leía: “Vemos nuestro futuro: libre de colonizadores”.
Mientras los turistas tomaban tragos de ron en las calles adoquinadas del Viejo San Juan, fotografiando a los manifestantes que cantaban y bailaban, Cruz dijo que La Isla del Encanto sólo parece funcionar para los visitantes y los forasteros, como los bonistas estadounidenses.
“Miras los salarios aquí y miras la factura de la electricidad y sencillamente no hay forma de pagarla”, dijo. “Éste es el único lugar del mundo donde los extranjeros tienen más derechos que los autóctonos”.
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