Bloomberg Línea — El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó de “terrorismo” a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y ordenó la incautación de todos sus bienes inmuebles y de sus cuentas bancarias.
La orden ha sido ejecutada a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua el 15 de agosto, y este miércoles 16, la UCA confirmó su confiscación y la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas, mediante un comunicado.
“La Universidad Centroamericana (UCA) suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, indicó la institución educativa.
La universidad privada más importante de ese país informó que a las 17:29 del martes recibieron el Oficio en el que se les notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero de las cuentas bancarias, a favor del Estado de Nicaragua “que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
La UCA, que funciona en Nicaragua desde hace 63 años, rechazó los señalamientos sobre que funciona como “un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
Ante esta acción, la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús solicitó al gobierno de Nicaragua revertir la incautación de los bienes materiales y económicos de la UCA, así como la acusación de “terrorista” ordenada por una jueza. “La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense”, dijo.
En criterio de exalumnos de la UCA, catedráticos y opositores, esta es una medida de represalia contra las instituciones educativas que tomaron un rol en las protestas de abril de 2018, cuando abrieron las puertas a los manifestantes e hicieron público los crímenes de lesa humanidad ejecutados por los agentes paramilitares. Otras 26 universidades han sido confiscadas desde entonces.
La OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) también condenó la confiscación y dijo que el impacto de esta medida con la suspensión de las clases afecta gravemente el derecho a la educación, “indispensable para la realización de otros derechos humanos”.
Además recordó al Estado de Nicaragua que su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad, por supuestos motivos de seguridad nacional, debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
