Bloomberg Opinión — ¿Qué pueden hacer los países ricos del mundo para ayudar a preservar la Amazonia? El Parlamento Europeo aprobó en abril una ley que obligará a las empresas que vendan productos básicos como soja, carne de vacuno, cacao y café en la Unión Europea a comprobar que no han sido cultivados en tierras deforestadas después de 2020. La UE también está intentando imponer nuevas condiciones medioambientales para ratificar un acuerdo con Mercosur, el bloque comercial sudamericano.
Ninguna de estas iniciativas ha resultado especialmente popular entre los líderes de los ocho países amazónicos reunidos esta semana en la ciudad brasileña de Belém, situada en el estado amazónico de Pará, para una cumbre en la que se debaten estrategias para detener la degradación y destrucción de la mayor selva tropical del mundo. Si hay una mercancía que el mundo rico debería prohibir, identificada unánimemente por líderes indígenas y activistas medioambientales en Belém como uno de los productos más destructivos que han salido de la región, es el oro extraído ilegalmente.
Brasil exportó 104 toneladas del metal precioso en 2021, según las más recientes estadísticas del gobierno. Los compradores de los países del Grupo de los Siete adquirieron más de la mitad del mineral. Casi 33 toneladas fueron a parar a Canadá. Suiza se llevó otras 25. De lo que no alardean ni los canadienses ni los suizos es de que gran parte de ese mineral procede de minas ilegales excavadas en la selva tropical.
Según el Instituto Escolhas, una organización que impulsa nuevas estrategias para preservar la selva brasileña, el 47% de las 500 toneladas de oro comercializadas en Brasil entre 2015 y 2020 son sospechosas. Esto significa que procede de tierras que se solapan con territorios indígenas o zonas protegidas, con documentación que afirma que procede de “minas” en las que no hay pruebas de actividad o que se encuentran fuera de las zonas mineras designadas. “Toda la producción de oro de Brasil se exporta”, me dijo Sergio Leitão, director de Escolhas. “Este comercio internacional está contaminado por gravísimas trazas de ilegalidad”.
No se trata de una historia exclusivamente brasileña. La extracción de oro es la principal causa de deforestación en Venezuela y una de las mayores en Bolivia. Perú, el mayor productor de América Latina, produce anualmente unas 150 toneladas métricas de oro “artesanal”, según el Artisan Gold Council, gran parte del cual se produce ilegalmente.
Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en la Amazonia hay 4.472 localidades donde se practica la minería ilegal. La mitad están en Brasil y cerca de un tercio en Venezuela. Afectan a más del 17% de las áreas naturales protegidas de la Amazonia y al 10% de los territorios indígenas.
Es un gran negocio. Las llamadas minas “artesanales”, conocidas en Brasil como “garimpos”, evocan comúnmente las impresionantes imágenes de mineros pululando en enormes pozos de barro en las minas de Serra Pelada, captadas por el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado en los años ochenta. Proyectan una sensación de dureza: trabajadores empobrecidos con pocas alternativas que mastican un sustento de la tierra.
Pero aunque no todos los garimpos son ilegales, la imagen de explotación salvaje es engañosa. Muchas de estas minas son grandes explotaciones que utilizan equipos mecanizados para dragar ríos y desgarrar la tierra en zonas boscosas. Atrás quedan lagos impregnados de mercurio, que se utiliza para separar el mineral de oro de otros sedimentos, que fluye hacia los ríos y a través de la cadena alimentaria, y envenena a las comunidades a cientos de kilómetros río abajo. Un estudio reveló que el 61% del oro brasileño considerado extraído ilegalmente en 2019 y 2020 procedía de minas controladas por seis propietarios; el 71% fue comprado por tres instituciones financieras.
Y se está extendiendo rápidamente, alentada por una duplicación del precio del oro desde 2015 hasta un récord de alrededor de US$2.000 dólares. En 2020 se limpiaron más de 10.000 hectáreas para la minería ilegal en Brasil, frente a unas 5.300 en 2017, un ritmo más rápido que el de la limpieza de tierras para minas legales. En 2021 se desbrozaron más de 11.400 hectáreas. En las tierras ocupadas por el pueblo yanomami de Brasil en Roraima, a lo largo de la frontera con Venezuela, el área destruida por garimpos aumentó un 54% en 2022 para un total de más de 5.000 hectáreas, según el Instituto Socioambiental de Brasil, frente a poco más de 2.000 hectáreas a finales de 2018.
El crimen organizado está tomando el relevo, introduciendo armamento pesado en el negocio. O Primeiro Comando da Capital, uno de los mayores grupos delictivos de Brasil, que se originó en las cárceles de São Paulo, se ha pasado a la minería de oro en Roraima, dirigiendo redes de protección y extorsión, controlando pozos y asociándose con bandas de Venezuela. De hecho, la minería ilegal de oro se ha convertido en parte integrante de un ecosistema creciente de empresas delictivas, que incluyen la recolección y venta de maderas preciosas, el tráfico de drogas y la deforestación para apoderarse de tierras.
Influidos por su promesa de riqueza (y por el lobby minero), los gobiernos han tardado en responder a la amenaza que supone la minería ilegal para la selva tropical. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro aprobó un decreto para fomentar los garimpos e intentó abrir los territorios indígenas a la minería, argumentando que la guerra entre Rusia y Ucrania privaría a la industria agroindustrial del potasio necesario.
Sin embargo, la evidencia del daño medioambiental está empezando a cambiar la conversación. Tras tomar el poder en enero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frenó las dos iniciativas de Bolsonaro. Y envió al ejército a expulsar a los garimpeiros del territorio yanomami.
El Gobierno presiona ahora a los DTVM -las instituciones financieras autorizadas a comprar oro de minas artesanales, puntos de entrada de facto al mercado legal- para que garanticen el origen legal del metal precioso. En marzo, las autoridades fiscales empezaron a exigir que toda la documentación de las transacciones de oro de los mineros artesanales se registre en línea, para facilitar el rastreo del metal y dificultar su blanqueo simplemente mintiendo sobre su origen en un recibo de venta en papel.
A raíz de una decisión del Tribunal Supremo, el Banco Central de Brasil anunció el mes pasado que dejaría de presumir que el oro comercializado por las instituciones financieras tenía un origen legal, ni que el comprador actuaba de buena fe. Y los DTVM ya no pueden poseer garimpos.
Queda mucho por hacer. Leitão, del Instituto Escolhas, que presionó a favor de la nueva postura del Banco Central, sostiene que un buen paso siguiente sería establecer un sistema de control del oro amazónico similar al desplegado para frenar el comercio de diamantes de sangre utilizados para financiar la guerra en África. Al fin y al cabo, dice, la minería amazónica también se está ensangrentando. Entre una larga lista de aspiraciones, los ocho líderes amazónicos reunidos en Belém destacaron cómo los países de destino deberían echar una mano para aplastar el tráfico ilegal de productos amazónicos, incluido el oro.
Puede que esto no satisfaga al lobby agrario europeo, tan preocupado por los daños medioambientales causados por la carne de vacuno y la soja de Sudamérica. Pero podría convencer a canadienses y británicos, por no hablar de los suizos, para que dejen de comprar el oro que financia gran parte de la destrucción de la Amazonia.
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