Bogotá — Una nueva política pública de gestión de pasivos y de daños ambientales cambiaría las reglas de juego en Colombia al ordenar a los responsables de pasivos ambientales realizar una gestión adecuada por medio de planes de intervención.
El proyecto de ley establece la definición de pasivo ambiental y fija la estrategia para su adecuada gestión, lo que supone un logro en material de cuidado del medioambiente luego de que la iniciativa fracasara en cuatro oportunidades en el Congreso.
El proyecto de ley define a un pasivo ambiental como todas “las afectaciones ambientales originadas por actividades antrópicas, autorizadas o no, acumulativas o no, susceptibles de ser medibles o, ubicables o y delimitables o geográficamente, que generan riesgo para la vida, la salud humana o el ambiente, y para cuyo control no hay un instrumento ambiental o sectorial vigente”.
La ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) había señalado que Colombia tenía una deuda histórica con los pasivos ambientales.
En su momento, destacó que “la ley marca un hito para el país y es el inicio de un largo recorrido”.
WWF explicó que el país sudamericano debía “elaborar inventarios, establecer planes de gestión y acordar guías técnicas para su caracterización, así como reglamentar el marco normativo, identificar actores, establecer mecanismos financieros y estructurar una política nacional y un comité del más alto nivel para emprender acciones prioritarias”.
La oficina de abogados de Brigard Urrutia destaca que con este proyecto se crea un Sistema de Información de Pasivos Ambientales para realizar justamente esa gestión de la información.
“Este instrumento de manejo de la información registrará la ubicación de los pasivos ambientales y sus responsables”, indicó.
De otra parte, establece la transferencia de los costos de los impactos ambientales al responsable del pasivo, quien deberá asumir los gastos necesarios para abordar la situación.
Esta nueva ley también tiene implicaciones en el ámbito comercial, ya que los pasivos ambientales deberán ser contabilizados como transacciones como la adquisición de bienes inmuebles, lo cual plantea desafíos contables.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía colombiana, el año pasado fueron detenidas y judicializadas 267 personas en relación con los delitos ambientales.
La mayoría de los casos que involucran a estas personas tienen que ver con la minería ilegal y la deforestación.
El socio de la firma de abogados Holland & Knight, José Vicente Zapata, explica a Bloomberg Línea que en términos de sanciones, las multas relacionadas con pasivos ambientales se rigen en Colombia por la Ley 1333 de 2009.
Cada país de Latinoamérica tiene sus propios regímenes legales y sancionatorios que establecen cómo se investigan y sancionan las infracciones ambientales.
Estas multas pueden ir acompañadas de medidas compensatorias, resarcitorias o de recuperación del medioambiente.
En Latinoamérica, añade, existen numerosos ejemplos de pasivos ambientales, a menudo asociados con la disposición inadecuada de residuos peligrosos.
En la actualidad, se está trabajando en la remediación de estos sitios para restaurar y recuperar las áreas afectadas en cada país.
“Los pasivos son generados por actores públicos y privados. En muchas ocasiones también la ciudadanía contribuye con la generación de pasivos ambientales. Típicamente, los pasivos derivan de operaciones industriales pasadas que se sometían a estándares que posteriormente con los avances científicos han mejorado, dada también la técnica aplicable a cada industria”, añadió.
El proyecto de ley ya fue aprobado en cuarto debate por el Congreso y ahora debería ser sancionado por el presidente colombiano, Gustavo Petro.
