Puerto Rico tiene una semana más para lograr acuerdo sobre deuda de compañía eléctrica

Resolver las obligaciones de la empresa eléctrica ayudará a estabilizar los costos de electricidad en la isla del encanto

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Bloomberg — La magistrada, que está supervisando la bancarrota de la compañía de energía eléctrica de Puerto Rico, le concedió una semana más, una segunda vez en diez días, para que alcance ya un acuerdo con los bonistas, mientras avanzan las conversaciones.

El consejo de supervisión financiera de la isla, nombrado por el Gobierno federal, que administra la bancarrota de la energética, solicitó más tiempo de negociación con los titulares de bonos, ya que prevé llegar a un arreglo con por lo menos un acreedor, informó un abogado del consejo en un documento del tribunal presentado este jueves.

La magistrada del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain accedió a la petición de la junta de aplazar hasta el 11 de agosto el límite para la presentación de una propuesta enmendada de reestructuración de la deuda. La semana pasada, la junta había realizado una petición similar y había sido autorizada a aplazar la fecha inicial del 28 de julio hasta el 4 de agosto.

La junta “continúa pensando que las probabilidades de al menos un arreglo significativo son elevadas y probablemente dos arreglos importantes sean bastantes para no tener que presentar un plan enmendado esta semana”, escribía un abogado de la junta en la petición de más tiempo.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, llamada AEE, ha estado en bancarrota durante seis años y busca reducir casi US$9.000 millones, la última reestructuración de deuda considerable que le queda al Estado Libre Asociado. Resolver las obligaciones de la empresa de servicios públicos ayudará a estabilizar los costos de electricidad en la isla y permitirá a los funcionarios concentrarse en la modernización de su red eléctrica.

Las negociaciones entre la junta y los tenedores de bonos de la AEE aumentaron después de que Swain limitó en junio aUS $2,380 millones la cantidad de ingresos netos de servicios públicos que los tenedores de bonos tienen derecho a reclamar.

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