Bloomberg Línea — El sector productivo de Ecuador expresó este miércoles su “profunda preocupación” por el dictamen que la Corte Constitucional (CC) emitió en contra del tratado de libre comercio (TLC) entre Ecuador y Costa Rica suscrito en marzo pasado en San José, por los mandatarios de ambas naciones.
El 31 de julio, el órgano determinó que, si bien la mayor parte del acuerdo era constitucional, los artículos 11.20, 15.20 y 15.35, y los anexos 15.18 y 15.26 del Capítulo de Inversión eran incompatibles con la literalidad del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE).
“Por cuanto el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, toda vez que dichos artículos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir, personas naturales y jurídicas privadas, y Estados, a través instancias de arbitraje internacional, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)”, señaló la Corte en un boletín.
El artículo constitucional 422 señala que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Con el pronunciamiento de la Corte, los magistrados instaron a renegociar los artículos declarados inconstitucionales o buscar alternativas para subsanar las ilegalidades de los artículos analizados.
Al respecto, la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor) en una carta manifestó “su profunda preocupación ante los impactos negativos” de la decisión que “va en sentido contrario y dilata todos los esfuerzos que hemos impulsado para asegurar la apertura de mercados para nuestros productos de exportación, así como alternativas seguras de atracción de inversiones extranjeras que amplíen la capacidad de generación de empleo”.
La gremial agregó que el pronunciamiento dividido de la Corte con 4 votos salvados da cuenta de que no existe unánime claridad respecto a la interpretación constitucional de estas cláusulas contenidas en el texto negociado.
El Gobierno, a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, dijo que la Corte, “al ampliar su facultad de interpretación, pone en riesgo no solamente la generación de empleo y las inversiones que los tratados comerciales impulsan, sino también la certeza y previsibilidad jurídica”.
Agregó que “esto levanta un peligroso precedente”, puesto que el artículo de la Constitución que da lugar a la objeción de la Corte, no es ambiguo ni entra en contradicción con ningún otro contenido constitucional.
De acuerdo con el gobierno, el acuerdo con el país centroamericano, “es de suma importancia”, en materia de atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones no tradicionales de Ecuador.
El ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, aseguró que, pese al dictamen, el acuerdo comercial con Costa Rica si se ratificará, luego de hacer ajustes en seis artículos, para que entre en vigor a finales de este año.
