Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la posibilidad de llevar a cabo juicios grupales para las decenas de miles de personas arrestadas en el marco de la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
La legislación facultará a la Fiscalía General de la República (FGR) para juzgar simultáneamente hasta a 900 personas pertenecientes a la misma estructura delictiva o zona del país.
La medida tiene ecos de los juicios masivos celebrados en Italia contra la mafia en la década de 1980.
Actualmente, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que 71.976 personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculadas con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), lo que le ha dado al país la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con 1.086 reos por cada 100.000 personas, según World Prison Brief.
Sin embargo, tan solo el 30% de los detenidos tienen vínculos claros con el crimen organizado, estima el grupo de derechos humanos Cristosal; en tanto, organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias por detenciones arbitrarias.
Ahora, con la medida descrita como temporal y aprobada con 67 de 84 votos, se busca ordenar todas las capturas que se han realizado en el marco del régimen de excepción, que está vigente desde marzo de 2022.
“Las disposiciones ofrecidas por la Fiscalía brindarán orden a la hora de procesar a esas organizaciones. Ya no existirá esa dualidad de procesos, además se establece un plazo máximo de 24 meses para que se lleven a cabo ese proceso (investigaciones)”, dijo Eduardo Amaya, presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Seguridad, y agregó que el proceso penal actual lleva más de cinco etapas y con las nuevas medidas será más simple.
“Si leemos la reforma, esta vuelve más funcional el proceso, más efectivo y dota de herramientas a la Fiscalía en el proceso probatorio. También se puede solicitar una prueba anticipada de testigos, algo normal en otras estructuras procesales de otros países”, aseguró el parlamentario Jorge Castro.
En la misma plenaria, los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron, reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias para los cabecillas de grupos criminales.
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ya había incrementado de 9 a 45 años de prisión la condena máxima por pertenecer a pandillas, pero con la propuesta aprobada se contempla el aumento de tres tercios en la condena, es decir, podrían llegar hasta 60 años.
Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, “las víctimas de las pandillas tienen derecho a acceder a la justicia. Los detenidos a un juicio justo. Estas leyes impiden ambos”.
Por su parte, el politólogo y activista social Johnny Wright Sol aseguró que con las reformas aprobadas se le da atribuciones a la Fiscalía que le corresponden a los jueces. “En el escenario actual político que vivimos, difícilmente un juez se va oponer a los deseos de la Fiscalía”.
Para encerrar a los presuntos pandilleros, Bukele construyó una megacárcel para 40.000 presos que según el gobierno es la prisión “más grande de América”.
