Bloomberg Opinión — ¿Qué tal meter en la cárcel a más del 1% de la población?
Así es como El Salvador está luchando contra el crimen. En mayo del año pasado, 71.000 salvadoreños estaban entre rejas, según el Departamento de Estado de EE.UU., frente a los 39.600 de 2018.
El presidente Nayib Bukele, cerebro de la política de encarcelamiento masivo del país, no cree que tenga nada de qué avergonzarse. El año pasado, señala orgulloso, la tasa de homicidios de El Salvador cayó a 7,8 por cada 100.000 salvadoreños, la segunda más baja de Centroamérica, después de Nicaragua. En 2018, el año anterior a la llegada de Bukele al poder, la tasa apenas superaba los 52. En 2015 superó los 100, entonces la más alta del mundo.
Si algunos derechos humanos han sido pisoteados en el camino hacia la paz social -si salvadoreños inocentes han sido barridos y encarcelados; y los encarcelados ocasionalmente maltratados hasta la muerte-, es un precio razonable para aplastar un enconado problema de pandillas que había puesto las calles fuera de los límites para la mayoría de los salvadoreños.
Y aquí radica el problema: no sólo a los salvadoreños les encanta. Políticos y responsables de formular políticas de la vecina Honduras y de la lejana Argentina han quedado impresionados por la mano dura del régimen de Bukele, tentados por la rentabilidad política que tácticas similares podrían reportar en sus propias sociedades, cada vez más asoladas por la delincuencia.
“La falta de seguridad es un problema generalizado, una de las principales preocupaciones del electorado en toda América Latina”, afirmó Tamara Taraciuk en el Diálogo Interamericano de Washington DC. “Lo que Bukele está ofreciendo es ganar el debate sobre cómo abordar el crimen organizado”.
En una región donde el establishment político ha perdido toda legitimidad, donde la polarización política ha arado un terreno fértil para los empresarios populistas, las tácticas de mano dura contra el crimen podrían impulsar a los autoritarios al poder, socavando unas instituciones democráticas ya de por sí frágiles. Como decía un editorial sobre la estrategia de Bukele en el medio de comunicación centroamericano El Faro: “Sin pandillas y sin democracia”.
Centroamérica, que sufre desde hace tiempo uno de los índices de delincuencia más altos del hemisferio, fomenta las tácticas represivas de las autoridades. El ejército se despliega regularmente para imponer la seguridad pública en los países del triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, a pesar de los límites constitucionales al uso de las fuerzas armadas.
Aunque las tácticas represivas son más populares en la derecha del espectro político, los gobiernos de izquierdas también se ven tentados por su atractivo popular. No tienen oposición. Como señaló Taraciuk, “necesitamos otra propuesta al otro lado de la mesa”.
Imitando las tácticas de Bukele, el gobierno izquierdista de la presidenta Xiomara Castro en Honduras decretó el pasado diciembre el estado de excepción, limitando los derechos constitucionales y dando a las fuerzas de seguridad un margen de maniobra adicional en 162 barrios, la mayoría en la capital, Tegucigalpa, y en San Pedro Sula. Aunque la medida debía ser temporal, se ha renovado y ampliado desde entonces. Castro planea ahora construir una colonia penitenciaria frente a su costa caribeña para albergar a todos los líderes de bandas que espera atrapar.
Más al sur, el aumento de la delincuencia violenta alimentada por el narcotráfico en los dos últimos años en Ecuador ha hecho que la seguridad pública ocupe un lugar prioritario en la agenda política. Jan Topic, uno de los candidatos más notorios en las elecciones generales de agosto, es conocido como “el Bukele de Ecuador”, y hace alarde de su pasado en la Legión Extranjera francesa como prueba de su capacidad para hacer frente a la violencia.
La delincuencia también está desempeñando un papel destacado en el período previo a las elecciones en Argentina. Incluso en Chile, donde la delincuencia se mantiene relativamente contenida, la seguridad pública se ha convertido en un tema prioritario, impulsada en parte por la percepción errónea de que los inmigrantes venezolanos traen consigo la delincuencia. En abril, el Congreso aprobó una nueva ley de seguridad pública que facilitará a la policía el uso de la fuerza. Y destacados pensadores chilenos han empezado a preocuparse por la posible aparición de una figura similar a la de Bukele.
México ofrece un pequeño contraste: El narcotráfico ha mantenido atemorizadas a muchas zonas del país, pero parece que hay poco apetito por las tácticas de línea dura. Sin embargo, puede que la paradoja no se mantenga.
Falko Ernst, del International Crisis Group, señala que la fallida campaña militar contra los cárteles de la droga emprendida por el gobierno de Felipe Calderón hace más de una década puede haber empañado la marca de la línea dura. Además, a pesar de la oferta del presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos, no balas” a los grupos criminales, el ejército está profundamente implicado en la vigilancia del país.
Puede que la delincuencia sea más difícil de dominar en México, con una población de 130 millones de habitantes y 170 grupos delictivos enredados en la sociedad y el sistema político, que en el pequeño El Salvador. Y, sin embargo, la posibilidad de un hombre fuerte de línea dura siempre acecha en las sombras. “Podría surgir de la nada una figura que pidiera mano dura”, afirma Ernst. “Es interesante que no haya ocurrido hasta ahora”.
Desde la Filipinas de Rodrigo Duterte a la Ruanda de Paul Kagame, la mano dura ha demostrado su atractivo político. En América Latina, las mayorías electorales en todas partes, desde el Perú de Alberto Fujimori en los años noventa hasta el actual El Salvador, se han convencido de que los castigados merecen castigo, que no existe el uso ilegítimo de la violencia estatal, que los abusos son excepciones que hay que ignorar.
Sin embargo, esta estrategia no funciona durante mucho tiempo en una democracia, dado su flagrante conflicto con la noción de justicia, responsabilidad y derechos civiles. Es muy adecuada para los políticos que pretenden perpetuarse en el poder, como Bukele, que desafía la Constitución de su país para presentarse a la reelección. Pero con el tiempo se hace evidente que los abusos no son un error, sino una característica; el exceso de fuerza se despliega para sembrar el miedo. Los derechos civiles suspendidos no suelen recuperarse.
Pero corresponde a los demócratas proponer soluciones alternativas. “Los que estamos interesados en una respuesta democrática al problema estamos perdiendo la batalla por la narrativa”, señaló Taraciuk.
La contrapropuesta democrática debe defender las normas de justicia, transparencia y responsabilidad. No puede basarse en la suspensión de los derechos civiles de los ciudadanos. Pero, sobre todo, para que arraigue, debe conseguir reducir la delincuencia.
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