Bloomberg Línea — En abril de este año, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto que reforma el actual sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos. Ese proyecto, que ahora se discute en el Senado, propone (entre otros aspectos) una definición sobre los activos virtuales y la incorporación de los proveedores de servicios vinculados a esos activos en la lista de Sujetos Obligados a cumplir con la normativa antilavado bajo supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La iniciativa, promovida por el Gobierno argentino, propone a su vez la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales a cargo de la Comisión Nacional de Valores. Busca, de alguna manera, crear herramientas de regulación de la actividad de las criptomonedas.
En el marco del debate ya iniciado en las comisiones del Senado, tanto la UIF como la CNV se han reunido con referentes de empresas y startups cripto en Argentina para avanzar en una regulación de este sector.
¿Qué dice el sector sobre la regulación?
“Esta regulación, junto al Registro de PSAVs de la CNV y la ley que hoy ya tiene media sanción, van a marcar dónde queda parado el cripto en el país. Desde nuestro lado vamos a seguir dando todo para proteger al usuario final y a las empresas que crean valor”, dijo Marcelo Cavazzoli, quien es fundador y CEO de Lemon Cash, que participó de las reuniones con las autoridades gubernamentales en representación de la Cámara Argentina Fitech.
Según Cavazzoli, “más de 5 millones de personas tienen cripto en Argentina. La adopción y la cantidad de desarrolladores y emprendedores que construyen desde Argentina no tiene comparación con el resto de la región”.
Desde la ONG Bitcoin Argentina señalaron que esta regulación “debe respetar los activos y servicios descentralizados, que son el corazón de la industria”. Sobre la Ley, la ONG alertó sobre la necesidad de “respetar los activos y servicios descentralizados, que son el corazón de la industria”.
Desde Lemon agregaron que sin Ley no puede haber regulación, y que este marco legal que busca aprobar el Congreso permitirá luego “dictar resoluciones desde los organismos de la administración (UIF, CNV)”.
“Con menor o mayor avance, todos los países de la región están transcurriendo procesos similares y creemos que va a haber una regulación no porque la industria lo impulse si no porque los organismos internacionales lo exigen”, dijo la startup a través de un comunicado.
La posición de los reguladores
Martín Breinlinger, director de la CNV, dijo esta semana en el Senado que pese a tratarse a una industria no regulada, según fuentes informales “hay 10 millones de cuentas de criptoactivos abiertas en Argentina, lo cual equipara la cantidad de cuentas abiertas en el mercado de capitales tradicional, entre fondos comunes de inversión y subcuentas comitentes”. Y agregó que después de Brasil, “Argentina es el segundo país en adopción en criptoactivos”.
En ese sentido, señaló que “la imposición de regímenes informativos sobre los PSAV buscará reunir un acervo de datos que permita incrementar la transparencia, trazabilidad y monitoreo de las operaciones (y también de los usuarios), con especial énfasis sobre aquellas que se realizan fuera de redes públicas e intra-firma”.