Bloomberg Línea — “El oro del mar”, así se le conoce a la langosta espinosa, una de las especies de mariscos económicamente más importantes de América Central y el Caribe, pero que detrás de su lucrativo negocio hay costos ambientales y sociales cada vez más altos para los países.
Nicaragua y Honduras comparten una importante pesquería de langosta, de la que dependen en gran medida los medios de subsistencia, en particular de pueblos indígenas.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) clasifica a Nicaragua como el octavo productor mundial de langosta espinosa y el mayor de Centroamérica, con una producción media de más de 4.800 toneladas anuales para las pesquerías de trampa y buceo.
Después de Nicaragua, Honduras es el segundo mayor productor de langosta de Centroamérica, con una producción media de más de 3.700 toneladas anuales para las pesquerías de trampa y de buceo. El producto se exporta entero (vivo o muerto) o sólo la cola.
En 2022, los dos países centroamericanos exportaron en conjunto 228,47 toneladas de langosta y cangrejo de mar a Europa, gran parte de las cuales fueron a Bélgica, Francia y España, dijo el Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA).
Sin embargo, la sobreexplotación de esta población de langosta está socavando la sostenibilidad social en esta pesquería, especialmente dentro de las comunidades miskitas, pueblos indígenas binacionales que viven en los territorios fronterizos de Honduras y Nicaragua, dijo la organización ClientEarth recientemente.
Las condiciones de los buzos
En las comunidades miskitas, especialmente en el departamento de Gracias a Dios de Honduras, el nivel de pobreza es particularmente alto. Como resultado, la recolección de langosta sigue siendo una de sus principales fuentes de ingresos, a pesar de los altos riesgos sociales y ambientales asociados con ella.
“La sobreexplotación hace que las comunidades que dependen de ese recurso para sobrevivir sean cada vez más vulnerables y aumenta el número de accidentes que ocurren cada año para extraer este recurso”, dijo Fabio Buitrago, candidato a Doctorado en Ecología Marina.
Cualquier langosta encontrada, independientemente de su tamaño, es cosechada, lo que pone a la especie bajo presión constante.
Debido a la sobrepesca, los buzos miskitos ahora necesitan permanecer a bordo de los barcos de pesca locales durante días y bucear más y más profundo para capturar langostas, con demasiada frecuencia con equipos de buceo deficientes y sin apoyo social ni derechos de los trabajadores. Esto aumenta el riesgo para buceadores y causas un número superior de accidentes y muertes por descompresión.
La práctica también ha llegado a los tribunales internacionales. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de 42 miembros de la comunidad miskita e instó a Honduras a revisar su Ley de Pesca para implementar mecanismos de control urgentes para todas las empresas pesqueras involucradas, para evitar infringir los derechos de los miskitos a la vida, a no ser discriminados y a condiciones de trabajo justas.
El Tribunal también identificó unas normas sobre empresas y derechos humanos que deben cumplir tanto los Estados como las empresas privadas, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés), denominadas “normas Miskito”.
Además, se ha ordenado a Honduras que proporcione una serie de reparaciones económicas a la comunidad miskita, como becas, viviendas, proyectos económicos y la producción de un documental sobre los buzos miskitos.
El análisis de ClientEarth, con sede en Londres, señala que las empresas europeas importadoras de langosta deben ser conscientes de que la continua presión sobre esta población puede aumentar las vulnerabilidades existentes en la región y el riesgo de abuso de los buzos miskitos, que dependen de esta especie tanto para el consumo local como para la fuente de ingresos.
“Para abordar este riesgo, es esencial que las empresas que se abastecen de langosta de esta región implementen una trazabilidad exhaustiva como primer paso y luego establezcan procesos de diligencia debida que cubran toda la cadena de valor”, señala el reporte.
