Bloomberg Línea — Al estilo de las desaparecidas prisiones insulares Alcatraz, en Estados Unidos, o San Lucas, en Costa Rica, la presidenta hondureña Xiomara Castro planea construir una prisión de máxima seguridad que albergará a 2.000 reos de alta peligrosidad, lideres de pandillas y corruptos que tengan nexos con el crimen organizado en el archipiélago de las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de la costa del país centroamericano.
El gobierno ha dado este paso tras la masacre de 46 prisioneras en la única cárcel de mujeres del país hace un mes.
Días atrás, el secretario de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya, viajó al sitio para conocer el terreno donde será construida la nueva cárcel. “Estos líderes de pandillas estarán por el resto de sus días totalmente aislados e incomunicados para brindar seguridad a la población hondureña”, dijo el funcionario.
Las Islas del Cisne es un archipiélago reconocido como Parque Nacional Marino (decreto ejecutivo 3056-91) y un área aproximada de 8 kilómetros cuadrados de superficie localizada en el Mar Caribe, al noroeste del país, y está formado por tres islas: Cisne Grande, con 5,5 kilómetros cuadrados, Cisne Pequeño, con 2,5 km2, y El Cayo Pájaro Bobo (Booby Cay), con menos de 0,01 km2.
En mayo de 2017, el entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien ahora está en una cárcel de Nueva York luego de ser extraditado a la espera de un juicio de tráfico de drogas y armas, inauguró en Islas del Cisne el Apostadero Naval de las Fuerzas Armadas para resguardar y dar soberanía a la zona insular que es el territorio hondureño más alejado de las costas del país centroamericano.
“Muchos dicen: ‘hay que ir a poner allá una cárcel’, pero la gente no sabe que tiene un gran potencial en el campo turístico”, dijo Hernández. “Espero que esto sea un antes y un después en la historia de las Islas del Cisne”.
Procesos de licitación y rechazos
La Secretaría de Defensa proyecta que en las próximas semanas se comenzará el concurso de la licitación pública para la construcción de la nueva granja penal. Zelaya, quien es sobrino de la presidenta Castro, dijo al medio estatal Poder Popular que serán “totalmente transparentes” en el concurso público “de recibir ofertas y ver cuál de todas se acopla tanto a los aspectos técnicos como financieros para llevar y cumplir la misión de tener la cárcel”.
El discurso del funcionario difiere de la intención de la administración pasada sobre la zona. “Si Honduras tiene una isla deseada como Roatán, ahora vamos a tener la isla temida que es la Islas del Cisne, para estos líderes de cabecillas del crimen organizado que creen que pueden hacer a mansalva lo que quieran”.
Sin embargo, aunque la mandataria planea terminar la cárcel “lo más pronto”, hasta ahora no hay un presupuesto establecido, puesto que las autoridades solamente han hecho el reconocimiento del terreno.
Además, diferentes sectores han hecho público su rechazo. El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras pidió al gobierno frenar el establecimiento del centro penitenciario de gran escala “en un área protegida nacional y con limitada capacidad de carga y recursos naturales finitos que imposibilitan sostener la cadena de suministros que demandará”.
El gremio dijo que la zona es un área protegida poco estudiada con especies de flora y fauna endémicas, con nichos ecológicos para aves, reptiles y especies marinas que sustentan otras cadenas tróficas de valor ecosistémico y posiblemente comercial.
Además, advirtió el riesgo físico de reclusos y personal penitenciario, al exponerse a las condiciones extremas de clima y las limitadas capacidades de brindar agua segura, electricidad y otros suministros.
Gobierno dice ser garante de derechos humanos
Esta semana, el Gobierno prorrogó por sexta vez el estado de emergencia introducido en diciembre de 2022 como parte de sus esfuerzos para combatir la extorsión y el crimen organizado.
La medida, que estará vigente hasta el sábado 19 de agosto, ha servido para contener la criminalidad, especialmente, en las zonas calientes del país, dijo el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Una semana después del incidente de la cárcel nacional de mujeres, las autoridades anunciaron que el mando y el control del sistema penitenciario se transferían a la policía militar. Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, dijo que las Fuerzas Armadas de Honduras son garantes de los Derechos Humanos de los privados de libertad. “Se les van a respetar los derechos humanos, pero primero se le van a respetar los derechos humanos de la gente honrada trabajadora, la gente que quiere a Honduras”.
