Bloomberg Línea — Manifestantes exigen la renuncia de los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche en una protesta frente al Ministerio Público, en respuesta a las acciones que ha emprendido la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala.
El MP hizo este jueves otro allanamiento en las instalaciones del TSE, en una nueva acción relacionada a buscar cancelar la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla.
La irrupción de los fiscales se dio en la Dirección de Recursos Humanos y en contra de la Eleonora Noemí Castillo Pinzón, encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, del ente electoral, a quien el juez Fredy Orellana giró orden de captura por Obstrucción a la Justicia, afirmó Curruchiche.
En respuesta, el TSE dijo en un comunicado que estas acciones “no son coherentes ni congruentes, por el contrario, provocan un ambiente adverso a la legalidad” y demandó garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El primer allanamiento pasó el 13 de julio, cuando Fiscalía ingresó al TSE para decomisar el expediente de Movimiento Semilla, un día después de acusarlo de incorporar firmas falsas en su proceso de inscripción.
No obstante, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, amparó al partido Semilla, ese mismo día, y dejó sin efecto la orden de un juez de primera instancia penal que buscaba su cancelación.
Fiscales son sancionados por EE.UU.
La sanción que hizo Estados Unidos a los operadores de justicia que socavaron el proceso electoral en Guatemala, a través de la reciente Lista Engel, amplifica las preocupaciones ya existentes sobre la frágil democracia del país.
El gobierno del presidente Joe Biden, por medio del Departamento de Estado, calificó de actores corruptos y antidemocráticos a jueces que trataron de interferir en el balotaje en Guatemala y que también estuvieron involucrados en la encarcelación del periodista José Rubén Zamora, fundador y director de elPeriódico.
En esa línea, prohibió el ingreso a EE.UU. a diez guatemaltecos, entre ellos, a la fiscal Cinthia Monterroso, los jueces Fredy Orellana y Jimi Rodolfo Bremer. El año pasado, Curruchiche recibió la misma sanción.
La Fiscalía reaccionó al decir que el documento carece de sustento lógico ni legal y lo calificó de tendencioso y con fines políticos, “lo que representa una grave y evidente violación a sus derechos humanos”.
Interferencias en el proceso democrático
Guatemala se prepara para la segunda vuelta electoral este 20 de agosto, que se disputarán Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla.
Sin embargo, desde las primarias del 25 de junio, una serie de factores han interferido en el proceso democrático. Antes del accionar de la FECI, el máximo tribunal de Guatemala había suspendido el conteo de votos, en respuesta a las denuncias de irregularidades hechas por partidos políticos de derecha.
“Estas acciones son inaceptables y amenazan directamente la democracia de Guatemala al intentar socavar la voluntad de los votantes”, dijo Francisco O. Mora, embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El diplomático dijo que “una amplia gama de voces de la sociedad guatemalteca, así como del Sistema Interamericano, que han expresado preocupaciones legítimas de que las acciones del Ministerio Público violan la propia ley electoral de Guatemala y las protecciones constitucionales básicas”.
A este pronunciamiento se suma la carta que enviaron los congresistas demócratas de los Estados Unidos, Norma Torres, Raúl Grijalva, James Macgoven y Eleanor Holmes, al secretario de Estado, Antony Blinken, donde le manifiestan su preocupación por las recientes acciones “irregulares” tomadas por instituciones guatemaltecas.
Además, instaron a que Estados Unidos apoye una segunda vuelta transparente, justa y legítima entre los dos candidatos certificados como los ganadores de la primera vuelta.
La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE) también condenó “el acoso y hostigamiento que vienen sufriendo” el Tribunal y el Movimiento Semilla por parte de la FECI. Además, dijo que estas órdenes, “constituyen una actuación impropia de un Estado democrático y de Derecho tendentes a subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio”.
