Bloomberg — La crisis constitucional de Guatemala dio el viernes un nuevo giro cuando la autoridad electoral acusó al Gobierno de socavar la democracia y el voto a la presidencia.
En una medida cautelar presentada ante la corte constitucional de la nación, la autoridad dijo que siete funcionarios, incluidos el ministro de Hacienda y el fiscal general, le han impedido cumplir con sus funciones.
Existe una “amenaza futura e inminente de que las autoridades mencionadas violen el Estado democrático de derecho”, dijo la autoridad.
Guatemala celebró elecciones presidenciales el 25 de junio con una segunda vuelta programada para el 20 de agosto entre los dos primeros clasificados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Pero la contienda se sumió en caos la semana pasada, después de que los fiscales allanaran la autoridad electoral en busca de documentos sobre Arévalo, alegando que su partido político falsificó firmas y cometió lavado de dinero.
Arévalo, quien hizo campaña en una plataforma anticorrupción, dijo que las redadas son parte de un complot de funcionarios corruptos para mantenerlo fuera del poder.
El Ministerio de Hacienda y la oficina del fiscal general no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Orden de detención
El jueves, los fiscales dijeron que tienen una orden de detención contra Eleonora Noemí Castillo, subdirectora del registro de ciudadanos, que forma parte de la autoridad electoral, en su caso contra Semilla, informó Prensa Libre. El viernes, fiscales y policías allanaron la sede de Semilla en Ciudad de Guatemala, dijo la diputada electa Andrea María Reyes en Twitter.
La oficina del fiscal general también confirmó una orden de arresto contra la activista del partido Semilla, Cinthya Rojas, por su presunto papel en la falsificación de firmas durante la fundación del partido. Rojas ha negado haber actuado mal y Arévalo dijo que no es responsable de los delitos que alegan los fiscales.
Durante una conferencia de prensa el jueves, Arévalo dijo que las acciones legales contra su partido constituyen “acoso judicial” y que “no dejaremos que las artes oscuras, los trucos y los abusos de unos pocos actores corruptos” detengan la campaña.
El Tribunal Constitucional dictaminó que la segunda vuelta debería proceder según lo planeado el 20 de agosto, al tiempo que permitió a los fiscales continuar con su investigación sobre el partido Semilla de Arévalo. El viernes, el alto tribunal reiteró su posición y dijo en un comunicado que el Gobierno debería respetar el proceso electoral.
