Buenos Aires — En mayo del 2019 el Congreso sancionó el nuevo el régimen de financiamiento de la política y modificó la norma que regía desde el 2009, incorporando varios cambios al sistema. Si bien el Estado financia una parte de las campañas políticas, distribuyendo recursos a los partidos que compiten, también está permitido el aporte privado.
Este financiamiento es clave para el camino de los partidos rumbo a las elecciones. Desde el 2019, está prohibido que ese aporte sea en efectivo, está habilitado que aporten personas jurídicas (antes no podían aportar las empresas), se actualizó el monto que el Estado aporta para las boletas y se actualizó el sistema de rendición.
Los partidos informan a la la Cámara Nacional Electoral los aportes que recibe y el órgano judicial actualiza automáticamente el portal en el cual figuran los nombres y los montos de los financistas privados.
Bloomberg Línea recabó la información publicada entre el 24 de junio, inicio de la campaña electoral y el 17 de julio, en la cual Juntos por el Cambio aparece como el principal receptor de los aportes. A excepción de un aporte a la Nueva Izquierda, Juntos por el Cambio es el único partido que recibió transferencias superiores al millón de pesos, entre los cuales se encuentran empresarios cercanos a la principal fuerza opositora. No figuran montos superiores al millón de pesos para Unión por la Patria.
Según una acordada de la CNE, el monto máximo de aporte por persona humana o jurídica para partidos nacionales es de $40 millones.
¿Quiénes aportan a Juntos por el Cambio?
Entre las principales transferencias que aparecen en el portal de la CNE, figura el Grupo Supervielle (SUPV), uno de los principales grupos financieros del país. Figuran dos transferencias de $20 millones a través de Supervielle Productores Asesores de Seguros S.A. y una de $10 millones de Sofital S.A Financiera e Inmobiliaria Intercontinental, también parte del holding.
Entre otras empresas, aparece una transferencia de $4.000.000 de Roberto Esteban Tossutti, presidente de la aerolínea lowcost Flybondi; $4 millones de la tabacalera Massalin Particulares; $10 millones de Woden Energia SAU, empresa del Grupo Neuss; $9 millones (en dos transferencias) de Libra Seguros; $8 millones del shopping Unicenter y $8.000.000 de San Tonino S.A., el negocio agropecuario de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, entre otros aportes.
También figuran $16.000.000 de Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, que según un artículo publicado en Página 12, es una empresa constructora que forma parte del holding de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint.
Financiamiento del Estado
El pasado 28 de junio, la Dirección Nacional Electoral (DINE) publicó la resolución en la que fijó en $5.250 millones “el monto global de los aportes de campaña para las elecciones PASO y para las generales”, que se realizarán el 13 de agosto y el 22 de octubre respectivamente.
Este financiamiento está destinado a cubrir gastos de campaña. $1.755 millones le corresponden a las PASO, divididos en $650 millones para la categoría a Presidente/a; lo mismo para diputados y diputadas nacionales. En el caso de senadores y senadoras, el monto correspondiente es de $325 millones. Para las elecciones generales, el monto global la suma de $3.510 millones.
El pasado 11 de julio, a través de la Disposición 25/2023, el Ministerio de Interior resolvió asignar el aporte para la impresión de boletas electorales a las agrupaciones políticas que presenten precandidatos y precandidatas en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Esta decisión contradice un fallo de la Corte Suprema del 2020, que exigió que los aportes para la impresión de boletas se asignen según cantidad de listas internas.
