Bloomberg Opinión — Decenas de miles de manifestantes han vuelto a las calles de Israel, desafiando las porras y los cañones de agua de la policía para protestar contra los nuevos intentos del gobierno de avanzar con unas controvertidas reformas judiciales. Las emociones están a flor de piel: Los manifestantes advierten de que el país está al borde de la dictadura; los ministros del gobierno los comparan con terroristas. Los disturbios han deteriorado las relaciones con Estados Unidos y amenazan con debilitar y distraer a los servicios de seguridad, justo cuando aumentan las tensiones en Cisjordania e Irán está cada vez más cerca de tener una bomba nuclear.
Las escenas son familiares, trágicas y totalmente innecesarias. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu ya dio marcha atrás una vez para buscar un consenso más amplio sobre los cambios propuestos. Por el bien de Israel, debería volver a hacerlo.
En marzo, presionado por semanas de manifestaciones -incluidas algunas de reservistas militares- Netanyahu retiró un paquete anterior de reformas radicales y entabló negociaciones con la oposición. Esas conversaciones fracasaron el mes pasado. El gobierno intenta ahora reintroducir los cambios de forma individual, empezando por un proyecto de ley que debilitaría la denominada doctrina de la razonabilidad, en virtud de la cual el la Corte Suprema puede anular determinadas decisiones y nombramientos del poder ejecutivo. Los proponentes esperan aprobar la ley a finales de mes.
La norma de la razonabilidad es un principio del derecho consuetudinario que permite a los tribunales anular decisiones gubernamentales consideradas “extremadamente irrazonables” e irresponsables. Los jueces invocaron esta norma en enero, cuando rechazaron el nombramiento de uno de los aliados de Netanyahu para el gabinete debido a sus antecedentes penales. Aunque el actual proyecto de ley no elimina por completo la doctrina, exime de ella a las decisiones tomadas por funcionarios electos.
Los críticos afirman que eso invitaría a la corrupción y expondría a los ciudadanos a decisiones arbitrarias. También temen que el proyecto de ley sea precursor de cambios más drásticos, que otorguen al gobierno el control sobre el nombramiento de los jueces y permitan al parlamento anular las revisiones judiciales de la legislación.
Dado lo delicado de estas reformas, lo prudente para Netanyahu habría sido llegar a un consenso con la oposición antes de seguir adelante. No ha sido así. Ahora, los reservistas de unidades clave vuelven a amenazar con no presentarse a filas si el gobierno no da marcha atrás. Empresarios tecnológicos influyentes han prometido financiar más manifestaciones. El Gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, ha advertido de que la continua incertidumbre “tendrá notables costes económicos”.
Peor aún, socava la capacidad de Israel para responder a amenazas mayores. El ejército afirma que su barrido de dos días del campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania, degradó las capacidades de las redes terroristas, pero es poco probable que esos logros duren. La incursión dejó 12 muertos y docenas de heridos, causó graves daños en viviendas y carreteras, desencadenó protestas generalizadas y dejó a los grupos terroristas palestinos prometiendo venganza. Israel tiene todo el derecho a preservar su seguridad. Pero el uso excesivo de la fuerza y la reanudación de la espiral de violencia sólo dificultarán esa tarea. Combinada con una lucha civil innecesaria, obstaculizará la capacidad del gobierno para avanzar en muchas cosas, sobre todo en un acuerdo de paz duradero.
Netanyahu se encuentra ahora haciendo malabarismos con dos crisis a la vez. Durante mucho tiempo se ha vendido a los votantes como el líder mejor preparado para preservar la seguridad de Israel. Sin embargo, una vez más está poniendo en peligro la cohesión social del país y envalentonando a sus enemigos. No es demasiado tarde para que el primer ministro dé marcha atrás.
Editores: Nisid Hajari, Romesh Ratnesar.
