Bloomberg Línea — La Corte de Constitucionalidad de Guatemala informó este jueves que otorgó un amparo provisional que solicitó el partido político Movimiento Semilla, luego que un juzgado anulara su personería jurídica.
Esta decisión abre paso a que “la segunda vuelta electoral (presidencial) se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados”.
Ayer, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de junio, minutos después de que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunciara la suspensión legal de Semilla de su creación jurídica.
Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se enfrentarán en las urnas el 20 de agosto para el balotaje.
Este jueves, Torres expresó su “preocupación” por las “acciones jurídicas” presentadas el miércoles contra su rival en la segunda vuelta y con “los 4 millones y medio de personas que salieron a expresar su voluntad en las urnas el pasado 25 de junio y que hoy vemos que nos está afectando a todos esta confusión”.
La exprimera dama también dijo que en protesta a la situación político electoral, “hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto”.
Poco después del anuncio de Torres, el TSE afirmó en un comunicado que “ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía... se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución” y recalcó que en lo que se refiere a la conformación y funcionamiento de los partidos políticos legalmente constituidos “la única norma aplicable en la materia es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tiene rango constitucional”.
También Ramiro Muñoz, titular del Registro de Ciudadanos, pidió un “voto de confianza para el TSE; hemos sido atacados, pero creo que de parte de medios, organizaciones nacionales e internacionales y, en general, de todo el pueblo de Guatemala, hemos hecho nuestro mejor trabajo y lo seguiremos haciendo”.
Protestas y allanamientos en Guatemala
Fiscales del Ministerio Público ingresaron al TSE, específicamente a la sección de Organizaciones Políticas del Alto Tribunal electoral, en busca de evidencias relacionadas con la suspensión del partido Movimiento Semilla.
Curruchiche dijo que la acusación contra el partido político que lidera Arévalo de León obedece a un caso denominado “Corrupción Semilla”, en el que presuntamente se falsificaron firmas en documentación al registrarse como partido en 2018, y que la Fiscalía encontró indicios de hasta 5.000 firmas falsas.
En paralelo, unas 300 personas protestaron en la tarde frente a la sede del Ministerio Público contra la decisión tomada. Su líder dijo que presentará denuncias contra el juez, el fiscal y la fiscal general por su intento, según reprochó, de que quedaran fuera de la contienda electoral.
Fuera de Guatemala, las reacciones son varias. Desde Washington, Phil Gordon, asesor para asuntos de seguridad del presidente Joe Biden, cuestionó el “intento del MP de revocar el estatus legal de un partido político de cara a la segunda vuelta, socavando la voluntad de la población y la legitimidad de la elección”.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), saludó “la firmeza” del TSE de Guatemala, en el que reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía. “Este comunicado es fundamental para asegurar la estabilidad democrática del país”, dijo el diplomático uruguayo.
La misión electoral Unión Europea dijo que la suspensión a la personería jurídica de Semilla “amenaza los fundamentos básicos de la democracia”, señalando que los tribunales habían utilizado medios legales “dudosos” para interferir en las elecciones, haciendo alusión a los retrasos causados por las protestas de la élite política de Guatemala, quien alegó fraude en una considerable cantidad de votos, lo que llevó a que, por orden del Poder Judicial, se atrasara la oficialización de resultados.
