Bloomberg Línea — El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, partido político que con Bernardo Arévalo de León al frente pasó a la segunda vuelta, informó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) este miércoles.
El Ministerio Público informó que este caso, denominado Corrupción Semilla, surgió en mayo de 2022 cuando un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento y conforme a la prueba, la firma y la letra fueron falsificadas.
Además, habría indicios de que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente dijo Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, en un video publicado en las redes sociales de la institución.
De acuerdo con Curruchiche, en su defensa, el Movimiento Semilla, a través de su secretario general y presidenciable, Bernardo Arévalo de León, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva firmado por Samuel Pérez y Alberto Sánchez por medio del cual el partido pagó 7 quetzales por firma recolectada, por lo que, multiplicado por más de 25.000 firmas que necesitaba Semilla para convertirse en partido político, suma la cantidad aproximada de Q175.000 (US$ 22.538,97).
“Desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”, dijo el fiscal, al indicar que estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FECI al TSE en mayo del 2023.
El anuncio del MP se dio en el lapso que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se suponía que debía oficializar los resultados de las elecciones del 25 de junio, luego que convocó a una conferencia de prensa para las 4:30 pm (hora local).
Dos horas después de la hora prevista, el TSE confirmó que la candidata de Sandra Torres, del Partido UNE, y el candidato del Movimiento Semilla, competirán en la segunda vuelta de las elecciones en prevista para el 20 de agosto.
Hasta el momento de la conferencia, los magistrados del TSE no tienen conocimiento de los alcances del anuncio del MP.
El 1 de julio, una semana después de que la ciudadanía acudiera a las urnas, varios partidos de derecha alegaron que se habían producido anomalías en el proceso de votación y presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional para detener la certificación de la votación de la primera vuelta, pausar la publicación de los resultados oficiales y comenzar un recuento.
Un día después, la Corte ordenó al TSE que detuviera la publicación de los resultados oficiales y le pidió que comenzara un recuento en los próximos 15 días.
La medida ha recibido el rechazo generalizado tanto dentro de Guatemala como a nivel internacional y se considera otro golpe a la frágil democracia y el proceso electoral del país centroamericano, que ya se había vuelto vulnerable con la suspensión de candidatos incluso antes de que la gente acudiera a las urnas.