Bloomberg Línea — En la mañana de este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, negó las peticiones de Nicaragua sobre la disputa territorial entre Colombia en la extensión de sus aguas territoriales en el Mar Caribe.
El país centroamericano pretendía expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia.
La disputa se centraba en la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio colombiano, pero que era reclamado por Nicaragua.
El archipiélago en disputa se localiza a unos 800 kilómetros de la costa noroeste de Colombia y a 240 kilómetros de la costa nicaragüense. Además de la soberanía de estas islas y varios cayos, la disputa entre Colombia y Nicaragua incluye un área de 50.000 kilómetros de aguas pesqueras.
La zona marítima en disputa es reconocida como rica y extensa para la pesca, así como la exploración y probable explotación de petróleo y otros hidrocarburos.
Carlos Argüello Gómez, agente de Nicaragua en La Haya, dijo a medios oficiales que la decisión del máximo tribunal de justicia reafirma la soberanía de Nicaragua en el Caribe, por lo que “hemos salido bien”.
“Lo primero que tenemos que recordar es que la Corte dejó incólume las 200 millas de Nicaragua, que fue el fallo de 2012, quedó muy claro y reafirmado”, refirió.
“Lo que nosotros estábamos discutiendo aquí era un punto que no era claro en derecho, que era que si podíamos extendernos dentro de las 200 millas de Colombia, la Corte determinó, o sea, que ese punto no se había definido nunca en derecho, la Corte determinó que no, que teníamos que quedarnos hasta las 200 millas, en este caso”, agregó Argüello Gómez.
Sin embargo, Nicaragua continuará estudiando los efectos de la sentencia de la CIJ. “Hay áreas que no quedaron comprendidas en la sentencia y son cosas que tenemos que estudiar, porque la plataforma nuestra se extiende más allá de las 200 millas náuticas; pero habrá que ver la zona donde las 200 millas de Colombia no llegan, lo que debemos es analizar y dejar claro el tema”, explicó el representante de Nicaragua.
Argüello Gómez dijo que no duda de que el gobierno de Nicaragua, bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo, estará en la disposición de cumplir con la sentencia “como siempre”.
“Aquí lo importante es que ha quedado reafirmado nuestro derecho otorgado por la sentencia de 2012, que Colombia disputó desde el primer momento; así que en ese sentido hemos salido bien”, agregó.
“No tenemos que sentirnos mal, de ninguna manera, todo el equipo de Nicaragua ha hecho un excelente papel y respetamos las condiciones de la mejor manera posible”, dijo. “No hemos concluido, esto es simplemente una etapa más en los procesos que tiene Nicaragua para la recuperación total de su territorio”.
La reacción del gobierno nicaragüense
En una nota de prensa, el gobierno nicaragüense dijo que espera que Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012.
El gobierno reiteró que la Corte reafirmó el derecho de Nicaragua a sus 200 millas de zona económica exclusiva y plataforma continental con todos sus recursos naturales intactos.
Agregó que el 19 de noviembre de 2012, la CIJ dictó sentencia delimitando la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses, pero Colombia se rehusó a cumplirla.
Luego denunció el Pacto de Bogotá en un intento de impedir que Nicaragua pudiera acudir a la Corte nuevamente para denunciar las violaciones en los espacios marítimos nicaragüenses en el mar Caribe.
Ante esta situación, y antes que entrara en vigor la denuncia del Pacto de Bogotá, el gobierno de Nicaragua presentó dos demandas en contra de Colombia ante el principal órgano judicial de Naciones Unidas. En 2014 Colombia presentó objeciones preliminares a la jurisdicción de la Corte y solicitó al Alto Tribunal de Naciones Unidas que se declarase incompetente para conocer las demandas presentadas por Nicaragua en su totalidad. En 2016 la Corte rechazó las objeciones preliminares de Colombia y anunció su competencia para conocer de ambos casos.
En la primera demanda el Estado sometió a la consideración de la Corte las violaciones por parte de Colombia de los espacios marítimos de Nicaragua. En sentencia del 21 de abril de 2022, la CIJ determinó que Colombia “ha violado los derechos soberanos y jurisdicción de Nicaragua” y ordenó cesar operaciones de patrullaje, pesca e investigación marítima en las aguas de la zona económica exclusiva de Nicaragua.
De igual forma, el Alto Tribunal confirmó que Nicaragua no ha violado derecho alguno de pesca histórico de la población raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Al mismo tiempo, la Corte reconoció como positivo el gesto del gobierno de Nicaragua al expresar interés en abordar bilateralmente por la vía de un acuerdo la situación de la población raizal del Archipiélago.
