Bloomberg — Las tensas relaciones entre Estados Unidos y China vuelven a atravesar una de sus épocas más cálidas. Tras una serie de reuniones “sinceras, constructivas y exhaustivas” en Pekín, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha señalado la deuda de los mercados emergentes y la financiación de la lucha contra el cambio climático como las dos áreas en las que la cooperación entre Washington y Pekín sería más urgente y productiva.
“El mundo merece y espera que sus dos mayores economías trabajen juntas en estos problemas globales y ayuden a encontrar soluciones”, declaró en una rueda de prensa el sábado. El Enviado de EE.UU. para el Clima, John Kerry, viajará a China para mantener conversaciones a finales de este mes.
No tienen por qué ser sólo palabras vacías. Hay un extraño truco que podría ayudar a solucionar tanto la deuda como los problemas climáticos, y las principales economías se han acercado a él en los últimos años.
El meollo del problema es el dinero. La transición energética se construirá sobre billones de dólares de inversión, pero una de las razones por las que los países pobres siguen siéndolo es que los fondos mundiales fluyen abrumadoramente hacia naciones que ya son ricas. El mundo en su conjunto está bien encaminado para asignar el capital necesario para alcanzar el cero neto. Sin embargo, alrededor del 84% de los 1,6 billones de dólares gastados en energías limpias el año pasado se destinaron a los países ricos y a China, según la Agencia Internacional de la Energía. Si las economías en desarrollo no pueden acceder a esa financiación, no les quedarán más opciones que los combustibles fósiles, la pobreza o ambas.
La solución reside en un oscuro aspecto de la arquitectura financiera mundial. Los Derechos Especiales de Giro o DEG -una cuasi moneda que los miembros del Fondo Monetario Internacional pueden utilizar para realizar transacciones entre sí y reponer sus reservas de divisas- ofrecen justo la combinación de tipos de interés bajos y disponibilidad potencialmente amplia que los países en desarrollo necesitan para realizar inversiones climáticas transformadoras.
Durante décadas han languidecido como una curiosidad, una reliquia del sistema de tipos de cambio de Bretton Woods en la que sólo pensaban los banqueros centrales. En los últimos años, sin embargo, los Estados miembros del FMI han ido confiando cada vez más en su uso como medio de estímulo económico mundial. En 2009 se emitieron unos 260.000 millones de dólares para hacer frente a los coletazos de la crisis financiera del año anterior. Otros 648.000 millones se imprimieron en 2021 para arreglar los balances de los gobiernos, devastados por la pandemia del Covid-19.
Los políticos son conscientes del potencial de la emisión de DEG. En la cumbre sobre financiación climática celebrada el mes pasado en París, la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, fue la principal defensora de un plan para utilizar los DEG con el fin de aumentar la financiación multilateral para el medio ambiente hasta 1 billón de dólares. El primer pilar de su llamada Iniciativa de Bridgetown ya está en marcha: Aproximadamente 100.000 millones de dólares de la asignación de DEG relacionada con Covid a los países ricos se han trasladado a un nuevo fondo del FMI para proporcionar financiación de bajo coste a las naciones en desarrollo. Será una prueba de cómo podría utilizarse el sistema a mayor escala.
El mayor obstáculo que queda por superar es probablemente que la idea supone un salto tan grande respecto al statu quo. La financiación climática basada en los DEG es para el sistema monetario internacional lo que la moneda de un billón de dólares es para la política presupuestaria estadounidense, un almuerzo aparentemente gratis del que los funcionarios desconfían instintivamente. Se parece al viejo chiste del burócrata precavido que se inquieta: “Todo eso está muy bien en la práctica, pero ¿funciona en la teoría?”.
Estados Unidos y China tienen verdaderos puntos en común sobre los que trabajar. Con la mayor y la tercera participación con derecho a voto en el FMI, su liderazgo sería crucial para persuadir a otros países de que primero se adhieran a una mayor emisión de DEG y luego reasignen sus fondos a las regiones más necesitadas.
Una política de este tipo podría representar un Plan Marshall para la financiación de la lucha contra el cambio climático, ayudando a cancelar la carga de la deuda de los países de renta baja y media y a financiar una nueva oleada de energías limpias e infraestructuras resistentes a un mundo que se calienta. También serviría a los antiguos objetivos del FMI y el Banco Mundial. La dependencia de los combustibles fósiles importados ha sido a menudo un freno que ha frenado el desarrollo de los países pobres: Las frágiles cuentas corrientes tienden a deteriorarse cuando el crecimiento económico les obliga a comprar más energía en el extranjero, desencadenando círculos viciosos de devaluación e insolvencia.
Durante demasiado tiempo, la deuda del mundo en desarrollo se ha convertido en una discusión geopolítica entre Estados Unidos y China, en la que cada parte acusa a la otra de diplomacia trampa de la deuda o de capitalismo buitre. En realidad, ambas naciones tienen mucho más que ganar si colaboran para resolver los retos mundiales comunes del clima y las tambaleantes finanzas de los mercados emergentes. Los ministros de Energía de los países del Grupo de los 20, reunidos en Goa la próxima semana, deben debatir los próximos pasos a dar en la transición climática. Washington y Pekín deben aprovechar su actual impulso para garantizar que la inercia institucional no impida que fluyan los fondos necesarios para alcanzar ese objetivo.
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