Bloomberg — Un juez federal de Luisiana ha ordenado a funcionarios y organismos clave de la administración Biden que no se pongan en contacto con plataformas de medios sociales para suprimir a oradores y puntos de vista con los que no estén de acuerdo, en un importante avance que podría frenar los esfuerzos por combatir la desinformación sobre la salud y otras cuestiones.
La sentencia se produjo en un caso presentado por los fiscales generales de Luisiana y Misuri, que habían alegado que la administración Biden estaba intentando silenciar opiniones y oradores que cuestionaban sus políticas Covid y ponían en duda la validez de las elecciones de 2020.
El juez de distrito estadounidense Terry A. Doughty, de Monroe (Luisiana), declaró en la sentencia del martes que amplios sectores del gobierno, incluidos el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina Federal de Investigación, no podían hablar con las empresas de medios sociales con “el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida.”
“El presente caso implica posiblemente el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de Estados Unidos”, escribió Doughty. “En sus intentos de suprimir la supuesta desinformación, el gobierno federal, y en particular los acusados nombrados aquí, supuestamente han ignorado descaradamente el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda”.
Doughty dijo al conceder una medida cautelar que las agencias no podían reunirse con las empresas de medios sociales sobre la eliminación de publicaciones específicas o solicitar informes sobre sus esfuerzos para retirar contenidos. Sin embargo, según la sentencia, el gobierno puede notificar a las plataformas las publicaciones que detallen delitos, amenazas a la seguridad nacional o intentos extranjeros de influir en las elecciones.
El Departamento de Justicia está revisando la orden judicial y evaluará sus opciones en este caso, según un funcionario de la Casa Blanca. La administración Biden ha promovido acciones responsables para proteger la salud pública, la seguridad y la protección cuando se enfrentan a desafíos como una pandemia mortal y ataques extranjeros en nuestras elecciones, dijo el funcionario en un comunicado.
Las plataformas de medios sociales deben tener en cuenta los efectos que sus plataformas tienen en el pueblo estadounidense, dijo el funcionario.
Meta Platforms Inc. (META) declinó hacer comentarios. Twitter Inc. (TWTR) no respondió específicamente a las preguntas sobre la decisión del juez y Google, de Alphabet Inc. (GOOGL) no respondió a una solicitud de comentarios.
The New York Times informó anteriormente sobre la sentencia.
Cada vez se pide más a los tribunales estadounidenses que sean árbitros en los conflictos sobre el contenido de las redes sociales, que se ha vuelto cada vez más divisivo. Los conservadores se quejan de que las plataformas censuran sus opiniones, mientras que los liberales insisten en que las empresas no hacen lo suficiente para retirar los contenidos falsos, engañosos y perjudiciales.
Los legisladores del Partido Republicano han dejado de lado las medidas antimonopolio para centrarse en investigar lo que consideran censura conservadora.
Una de las primeras iniciativas legislativas en este sentido fue presentada a principios de este año por los presidentes de los comités de Supervisión y Responsabilidad, Energía y Comercio, y Judicial, quienes afirman que funcionarios de la administración Biden y otros demócratas han presionado a las plataformas de redes sociales para que eliminen contenidos políticamente inconvenientes.
La medida, a la que se oponen los demócratas y que es poco probable que se convierta en ley, definiría la censura como influir o coaccionar, o dirigir a otro para que influya o coaccione, para eliminar expresiones protegidas por la Primera Enmienda en cualquier servicio informático interactivo, como las plataformas de medios sociales. También incluiría intentar restringir el acceso de una persona a una plataforma o añadir cláusulas de exención de responsabilidad a una expresión lícita.
Es probable que la batalla sobre la mediación en las redes sociales llegue al Tribunal Supremo, que a principios de este año retrasó la revisión de las leyes de Texas y Florida que permitirían a los usuarios demandar a las plataformas en línea por supuesta censura política.
En 2021, Texas y Florida aprobaron leyes independientes que ilegalizaban que las plataformas tecnológicas bloquearan o degradaran contenidos que infringieran sus condiciones de servicio. Las medidas, actualmente bloqueadas, permitirían a los usuarios individuales demandar a las empresas en casos puntuales por supuesta censura política.
- Con la colaboración de Priya Anand.
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