Aunque oficialmente las elecciones presidenciales de México no tendrán lugar hasta dentro de 11 meses, los aspirantes han comenzado a recorrer el país, bombardeando las redes sociales con absurdas selfies y, por supuesto, descalificándose unos a los otros. Sin embargo hay un tema que aún no se ha tocado: Pemex.
La estatal mexicana, la petrolera más endeudada del mundo con una carga de más de US$100.000 millones sobre sus hombros, necesita hoy un arreglo tan urgente como hace cinco años, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó una votación de forma aplastante tras prometer revertir la apertura del sector energético de su predecesor. La situación financiera de Pemex pesará sobre el próximo Gobierno, hasta el punto de amenazar la estabilidad fiscal del país. Es comprensible entonces, que los candidatos que aspiran a una nominación eviten posicionarse políticamente al respecto para evitar afectar sus posiciones.
Sin embargo, no se puede, ni se debe, ignorar la improductividad cada vez más profunda de Pemex. Quienquiera que llegue a la presidencia en octubre de 2024 tendrá la obligación de formular una nueva estrategia política y financiera, o de lo contrario, México seguirá desperdiciando dinero.
Para entender por qué, empecemos analizando el desempeño de Pemex bajo el Gobierno de AMLO, como se le conoce al presidente mexicano. A pesar de su promesa de restaurar la empresa a su antigua gloria, la producción actual de crudo es ligeramente inferior a la de cuando inició. Con el envejecimiento de los yacimientos y la falta de dinero para explorar nuevas fronteras, la actual Administración abandonó rápidamente su ambición de aumentar la producción a 2,5 millones de barriles diarios bajo el argumento de que quería conservar el petróleo para las generaciones futuras.
Más risible que loable, esta justificación ignora que la producción de los operadores privados se ha más que triplicado en este periodo, eso a pesar de que todavía representen menos del 10% de la producción total de crudo mexicano.
La producción de hidrocarburos líquidos y gas natural también ha aumentado, mientras que las reservas probadas aumentaron ligeramente el año pasado. En abril, las seis refinerías de México produjeron a la tasa de utilización más alta desde 2017, lo que también es positivo, pero eso sigue siendo alrededor del 56% de la capacidad a pesar del enfoque de la compañía en las operaciones downstream. La muy promocionada nueva refinería Olmeca de US$17.000 millones de AMLO aún no ha generado una sola gota de combustible, lo que hace poco probable otra de sus promesas: detener las exportaciones de crudo este año y volverse autosuficiente en la producción de combustible.
Algo positivo que ha hecho AMLO por la empresa es haber mejorado su percepción pública. Una encuesta reciente del periódico Reforma muestra que el 48% de los mexicanos dice que hay “mucha” corrupción en Pemex, 20 puntos porcentuales menos en comparación con 2019, el primer año de AMLO en el Gobierno. Aun así, eso es casi uno de cada dos mexicanos diciendo que su empresa insignia es una fuente de fechorías.
Con ese telón de fondo, la Administración de AMLO ha sido extremadamente solidaria con la compañía, otorgando alrededor de US$45.000 millones en exenciones fiscales, capitalizaciones y otras formas de respaldo financiero. ¿Será el próximo presidente tan generoso? La ansiedad entre los inversionistas en bonos de Pemex, uno de los emisores más populares de los mercados emergentes, crece porque el productor se enfrenta a US$46.000 millones en vencimientos de deuda entre 2024 y 2030. El diferencial entre el bono 2050 de la compañía y una obligación soberana similar se encuentra actualmente en alrededor de 575 puntos básicos, en comparación del mínimo de 353 puntos básicos en abril de 2021.
“La gran incógnita es si el nuevo Gobierno extenderá el mismo nivel de apoyo a México como el que AMLO ha pretendido dar”, dice Jaimin Patel, analista de crédito de Pemex de Bloomberg Intelligence.
Entonces, ¿cuál es la solución? Si se tratara de una empresa en crisis, la respuesta sería una reestructuración drástica que la hiciera más esbelta y rentable para pagar su deuda, o al menos reducir los costos financieros. Pero esa no es una opción para Pemex, sobre todo porque el presidente ha sido bastante convincente en su retórica estatista.
Sin embargo, aunque la privatización de Pemex parece estar políticamente fuera de los límites, no hay arreglo para las finanzas de la empresa que no requiera añadir más eficiencia de mercado. Una comparación con la brasileña Petrobras es útil: la empresa, que cotiza en bolsa y tiene su sede en Río de Janeiro, sigue siendo un influyente actor político que puede sufrir presiones irrazonables del Gobierno (quien la controla), pero sus finanzas son más sanas, la producción se ha disparado gracias a los descubrimientos del presal y se ha recuperado de un escándalo de corrupción casi terminal.
Contar con un modelo mixto como el de Petrobras podría ser la única opción viable en países donde el petróleo se considera un tesoro nacional pero donde el Estado tiene un historial extremadamente pobre en la gestión de la riqueza.
La reanudación de las licitaciones privadas de petróleo también ayudaría; por improbable que hubiera sonado hace un par de décadas, Brasil está a punto de producir este año aproximadamente el doble de crudo que México.
¿Apostaría el próximo presidente por una solución así para Pemex? Hasta ahora, es muy poco probable. El partido Morena de AMLO es el gran favorito para retener la presidencia el próximo año, y ninguno de sus candidatos tiene motivaciones para salirse del guion del popular mandatario.
En ese escenario, el sucesor de AMLO probablemente intentará continuar con la política de seguir administrando el problema a un costo fiscal significativo. Pero tarde o temprano el golpe de realidad llegará para Pemex.
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