Bloomberg Línea — La ralentización es un efecto que está viviendo América Latina en conjunto, con pronósticos de crecimiento bajos para 2023, después de un rebote económico amplio y considerable en 2021 y 2022, tras los peores embates de la crisis del covid-19.
Es así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se sumó a diferentes voces de los organismos internacionales y señaló que la región se enfrentará a un crecimiento débil que plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal de los países, con una deuda pública que sigue históricamente elevada y la carga de intereses que ha ido en aumento.
“América Latina está volviendo a la senda de bajo crecimiento que tenía antes del covid-19. Para 2023 se espera una fuerte ralentización económica, mayor que en el resto del mundo”, escribieron Jens Arnold, Aida Caldera, Priscilla Fialho, Paula Garda, Alberto González Pandiella, Michael Koelle, Alessandro Maravalle, Adolfo Rodriguez-Vargas and Elena Vidal, del Departamento de Economía de la OCDE.
Es así como el organismo prevé un crecimiento del 1,5% para la región este año, al ponderar los pronósticos de siete países de la región, pero sin alejarse de las cifras que otros multilaterales también tienen. El Banco Mundial (BM) pronosticó a inicios de junio un crecimiento para la región de 1,5% este año, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó un 1,2% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un 1,6%.
¿Qué factores influyen en el débil crecimiento económico de América Latina?
Para los autores del artículo ‘América Latina: Estabilidad fiscal y equidad, un camino compartido hacia el progreso’, son diversas las razones para afirmar que la región regresará a la “senda de bajo crecimiento que tenía antes” de la pandemia.
En este listado incluyen la demanda externa que ha perdido dinamismo y un consumo doméstico golpeado por la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, como consecuencia de elevadas tasas de inflación y del endurecimiento de las condiciones financieras, entre otros.
Pero además, señalan que el panorama ya poco alentador está acompañado de una elevada incertidumbre y de riesgos domésticos y externos inusualmente altos. “Un crecimiento mundial menor de lo previsto, especialmente en Estados Unidos y en China, acompañados de una inflación más persistente de lo esperado que implique una política monetaria más restrictiva en el mundo y en la región, representan claros riesgos a la baja”, detallaron.
Y fuera de lo financiero, se hace énfasis en que la frecuencia de eventos climáticos severos se ha incrementado debido al cambio climático. Lo mismo sucede con las tensiones sociales que fueron exacerbadas por la pandemia.
La inflación ya cede terreno
Aunque los precios ya no avanzan a la misma velocidad que en 2022 y en algunas economías han comenzado a rebajar, la inflación sigue apareciendo como un riesgo a la baja.
Esta reducción, se atribuye a la “rápida y fuerte” subida de las tasas de política monetaria y menores precios globales de combustibles y alimentos.
Sin embargo, el ritmo de caída de los precios aún no parece ser suficiente. Por ejemplo, recientemente el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, señaló al presentar el Reporte de inflación trimestral, que el país regresará al rango meta de inflación a inicios de 2024, y no al cierre de 2023 como se había previsto.
De acuerdo con Velarde, la inflación peruana al cierre de 2023 llegaría al 3,3% y al 2,4% al cierre de 2024. Entre las razones están algunas citadas por el equipo de la OCDE, que relaciona eventos climáticos y fenómenos naturales. Velarde señaló que hubo eventos que enfrentar en el primer trimestre del año, como la temporada de lluvias y la gripe aviar, que afectó el precio de los pollos y los huevos.
Cuidar y fortalecer las finanzas públicas: un reto
El equipo del Departamento Económico explicó que “la situación fiscal permanece frágil en la región”, aunque los déficits fiscales disminuyeron al cierre de 2022, pero con una deuda pública que sigue elevada.
“Proseguir la consolidación fiscal es crucial para restaurar la confianza de los mercados y reducir los costes del servicio de la deuda a la vez que se enfatiza el gasto social para apoyar a los pobres y hacer frente a las necesidades crecientes en educación, sanidad y protección social”, dice el artículo.
Para que los gobiernos alcancen estos objetivos necesitarán la movilización de ingresos de manera progresiva, favorable al crecimiento y equitativa, indicando también que los programas de transferencias de apoyo social en un contexto de alta inflación deben ser temporales y focalizados hacia los más vulnerables y reducir los incentivos a la informalidad.
