Texas y Louisiana careceran de autoridad para impugnar las pautas de deportación de la administración de Joe Biden, según dictaminó la Corte Suprema de los Estados Unidos, la semana pasada.
La demanda de estos dos estados, desafiaba las políticas de control de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), que incluyen directrices para priorizar la detención y deportación de inmigrantes, pero dichas políticas solo instan a los agentes a enfocarse en delitos graves y violentos.
Por 8 a 1, el tribunal determinó que los dos estados no tenían legitimidad para presentar una demanda contra una de las primeras directivas emitidas por DHS.
“Los estados esencialmente quieren que el Poder Judicial Federal ordene al Poder Ejecutivo que modifique su política de arrestos para realizar más arrestos”, escribió el juez Brett Kavanaugh en representación de la mayoría.
La réplica de la derecha
La decisión de la Corte Suprema resalta la importancia de no otorgar legitimidad a los estados para cuestionar las políticas de aplicación de la ley migratoria del gobierno federal. De hecho, los jueces argumentaron que si se concediera esta demanda, podrían surgir problemas similares en relación con la aplicación de otras leyes, como las relacionadas con las drogas o las armas.
La decisión fue recibida con críticas por parte de la derecha, argumentando que afectaba negativamente a los estados demandantes, ya que esto aumenta los costos de servicios sociales, como la atención médica y la educación.
Los tribunales inferiores habían fallado a favor de Texas y Louisiana en casos anteriores, respaldando sus reclamos de costos indebidos en materia de inmigración. Sin embargo, la Corte Suprema revocó esos fallos y respaldó la autoridad del gobierno federal en este ámbito.
El juez Neil Gorsuch, junto con los jueces Amy Coney-Barrett y Clarence Thomas, estuvo de acuerdo en que los estados demostraron que las políticas de inmigración aumentaban los costos, pero señalaron que las soluciones propuestas por los tribunales inferiores no resolverían esos problemas.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó su satisfacción y anunció que el DHS espera restablecer estas pautas, que consideran efectivas para enfocar los recursos limitados y las acciones de cumplimiento en aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional.
