Bloomberg Línea — En cuestión de 15 minutos, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional de El Salvador emitió dictamen favorable esta semana a una solicitud del Ejecutivo para una emisión de deuda de US$ 1.000 millones para refinanciar pasivos de deuda a corto plazo.
La iniciativa, llamada Ley Especial que Faculta la Realización de Operaciones de Manejo de Pasivos por Conversión de Deuda de Corto Plazo a Deuda de Mediano y Largo Plazo, fue aprobada ese mismo día —20 de junio— con 63 votos a favor y 15 en contra.
Los fondos obtenidos de la operación se utilizarán para convertir deuda de corto plazo en obligaciones de mediano y largo plazo, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aunque no se especificó un cronograma para cuándo podría lanzarse en el mercado local, regional o internacional.
Hasta diciembre de 2022, la deuda de corto plazo del país centroamericano ascendía a US$ 2.656 millones, según cifras del portal de Transparencia Fiscal, con datos del ministerio de Hacienda.
De estos: US$ 1.326 millones eran Letras del Tesoro (LETES) y US$ 1.330 millones eran Certificados del Tesoro (CETES), cuyos montos deben ser pagados por el gobierno en plazos no mayores a 365 días.
Esa misma aprobación por parte del Legislativo salvadoreño, dominado por el oficialismo, da luz para que Hacienda contrate también un crédito puente, es decir, de carácter temporal, dijo el gobierno. Los fondos recolectados en el mercado de inversionistas serán usados para cancelar este crédito puente.
Con estos dos movimientos financieros, “será posible bajar la carga que representa en este momento la deuda que tiene plazos más próximos de pago, porque genera los costos más altos al Estado”, según Hacienda.
El proceso descrito por la Ley Especial se desarrollará cuando Hacienda identifique las condiciones más favorables para El Salvador y la tasa de rendimiento de dichos títulos la van a decidir cuando estén por iniciar con la emisión.
El gobierno asegura que ha estado cumpliendo sus compromisos con puntualidad, “más allá de las dificultades que se presenten”. Sin embargo, en 2022, el mercado especuló que el país podría caer en default luego de que los precios de su deuda soberana colapsaran en medio de baja aceptación del bitcoin como moneda de curso legal.
Hacienda dice que los inversores “han mostrado mayor disposición a considerar al país como un posible destino para diversificar su portafolio”, al tiempo que la administración del Ejecutivo “ha sido la única en conseguir una reducción sustancial del déficit fiscal”, que se redujo a 46% en 2022, es decir, 2% respecto de 2021.
