Bloomberg Línea — La activista anticorrupción Gabriela Castellanos presentó una queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), alegando encontrarse en situación de riesgo que la obligó a ella y a su familia a huir del país el domingo 18 de junio.
La directora ejecutiva de la instancia de sociedad civil sin fines de lucro Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), abandonó Honduras por recomendación de su equipo de seguridad después de que una “serie de indicios en los últimos días” indicaran que estaba en peligro, dijo el Consejo en un tuit.
Fundado en 2005, el CNA está conformado por 12 organizaciones de sociedad civil y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, que se dedica a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras.
Castellanos tenía en su agenda asistir a la 53 Asamblea General de la OEA en Washington, sin embargo, “dada la situación de inseguridad que enfrentamos mi familia y yo, decidimos salir del país y (esperar) que estos hechos ocurridos en las últimas semanas puedan ser investigados”, dijo al canal de televisión TSI.
Al canal HCH dijo que su partida se produjo “incluso antes” de lo que esperaba. Castellanos asumió su cargo en 2014 y desde los seis meses posteriores a su nombramiento “hemos tenido diferentes situaciones en temas de seguridad, amenazas bastante débiles, como otras bastantes fuertes de toda índole y desde todo espacio”.
La activista agregó que las amenazas más fuertes comenzaron hace tres semanas, luego que el CNA presentara el informe Concentración de Poder el 24 de mayo, en el que se analiza este fenómeno que operó en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La investigación identificó la red de nepotismo como un componente para la concentración de poder en la actual administración. El CNA indicó que “el poder gubernamental ha sido adquirido por una sola familia”.
Este aspecto ha permitido que el núcleo familiar de la presidenta Castro ocupe cargos importantes, tal es el caso del expresidente José Manuel Zelaya Rosales —cónyuge— y José Manuel Zelaya Castro —hijo de la pareja presidencial—, quienes fueron delegados como asesores presidenciales. Héctor Manuel Zelaya Castro —hijo de la pareja presidencial—, quien se denominó como secretario privado de la presidenta.
Adicionalmente, Xiomara Hortencia Zelaya Castro —hija de la pareja presidencial—, como diputada del Congreso Nacional. Por su parte, Carlos Armando Zelaya Rosales —cuñado— funge también como diputado y secretario del Congreso Nacional. Su hija María Alejandra Zelaya Rosales trabaja como directora general de Política Exterior dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y su hijo José Manuel Zelaya Rosales, es secretario de Defensa.
Los ataques del gobierno al CNA
“Tuvimos una respuesta bastante visceral desde ciertos espacios y claro, que desde el gobierno”, dijo Castellanos sobre la reacción tras la presentación del informe.
Al día siguiente de la presentación del informe, la presidenta Castro rechazó las acusaciones de concentración de poder y nepotismo en su gobierno y aseguró que la instancia de sociedad civil guardó un “silencio cómplice” durante el régimen del “tirano” expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado en 2022 a Estados Unidos para enfrentar un juicio por tres delitos vinculados a tráfico de armas y drogas.
“Mientras el CNA callaba, nosotros nos enfrentamos a la tiranía a la opresión desde el exilio, desde la resistencia en las calles” y “la gente que está en mi gobierno son compañeros de lucha que se opusieron férreamente al golpe de Estado”, dijo la mandataria en un acto del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
El lunes 19 de junio, el CNA retomó un extracto del discurso de Castro para mostrar algunas de las denuncias, señalamientos y líneas de investigación que han hecho de 2014 a la fecha.
También funcionarios de gobierno han hecho señalamientos sobre el Consejo y su directora ejecutiva. En el periódico gubernamental Poder Popular se dedicaron varias páginas en la edición del 29 de mayo sobre el tema.
Una de ellas contenía las declaraciones de Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial y quien obtuvo cartas de libertad tras acusaciones por corrupción en la administración pública, esto gracias a un decreto de amnistía emitido por el actual Congreso Nacional de presuntos presos políticos, con lo que le permitió regresar al país.
“Ya sabemos que Gabriela Castellanos actúa por resentimiento, ella pidió en su momento apoyo con su candidatura para ser Fiscal General de la República y cuando no apoyamos esa petición o iniciativa de su parte ahora nos está atacando”, dijo Flores Lanza.
Gerardo Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo que las amenazas contra Castellanos no provenían del gobierno. “Se quiere vincular acusar al gobierno de manera malintencionada con una denuncia ante Derechos Humanos, no tiene fundamento y es preocupante”, dijo en una conferencia de prensa.
