Caracas — La crisis por escasez de gasolina en Venezuela ha impactado notoriamente a productores y comerciantes en los estados andinos del país durante las últimas semanas, perdiendo cosechas de verduras y frutas por no cumplir con su traslado hasta otras entidades para su venta. La Fiscalía General, mientras tanto, les ha acusado de boicot económico.
Ysnet Rodriguez Mambel, un presunto productor en Mérida fue detenido la noche del domingo, de acuerdo a información oficial, en medio de un procedimiento por parte del Ministerio Público dirigido por el fiscal Tarek William Saab, siendo acusado de violentar la Ley de Precios Justos al desechar grandes cantidades de alimentos, en este caso zanahorias.
Los agricultores en Mérida han indicado que la detención de Rodríguez carece de sentido jurídico y que su actividad más bien consiste en desechar aquellas zanahorias que no son aptas para el consumo, de acuerdo a una reseña de un medio nacional.
Un día después, Jhonar Barazarte Trompetero también fue aprehendido por haber desechado tomates en el estado Trujillo, y será presentado ante los tribunales para ser imputado por la misma acusación de boicot.
Tanto Rodríguez como Barazarte habían sido parte de audiovisuales que se viralizaron en redes sociales, y a los que el fiscal hizo referencia en su cuenta oficial de Twitter. En los contenidos se mostraba el desecho de kilos de zanahoria y tomates. Otros videos similares han sido cuestionados por Saab, quien ha anunciado una investigación en contra de lo ocurrido.
“Mininsterio Público designa Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos para investigar y sancionar hechos irregulares relacionados con un grupo de personas que destruyen grandes cantidades de alimentos procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo”, comentó Saab el pasado viernes.
El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017 hacía referencia a la desecha de kilos de cambures en Mérida, así como tomates un día después, en Trujillo.
La Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes) había emitido un comunicado a principios de junio en relación a la preocupación que reposaba en el sector como resultado de las fallas en el suministro de gasolina. Destacaron la pérdida de cosechas y ordeños ante la imposibilidad de movilizarlos a los mercados, centros de procesamiento y consumo.
“Se está atentando contra la sobrevivencia de la actividad agroproductiva”, rezaba el documento firmado por el presidente de la organización, Antonio Escalona, donde se reafirmaba lo anunciado por el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, sobre una espera de tres semanas para la reparación de maquinaria en las refinerías del país, a cargo de la producción de combustible.
Desde la Confederación Nacional de Productores y Comercializadores de Papa, su representante Abraham Hayón, ha manejado como alternativa la posibilidad de que el resto de los habitantes surtan de gasolina a los productores para solventar la crisis, y evitar que las importaciones desde Colombia se apoderen del mercado.
“Hay una crisis de diésel impresionante (…) mañana tendremos un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para exponer lo que está sucediendo”, reiteró Hayón en entrevista radial.
