Bloomberg — El gobierno noruego ha llegado a un acuerdo con grupos de presión empresariales y sindicatos para implementar una política que requiera una representación femenina del 40% en los consejos de administración de las grandes y medianas empresas. Este plan, que el gabinete noruego dice es el primero de este tipo en el mundo, se aplicará gradualmente a lo largo de cinco años.
Inicialmente, la política se aplicará a unas 8.000 empresas a partir del próximo año. Para 2028 abarcará unas 20.000 empresas que empleen a más de 30 personas, según anunció el Gobierno el lunes. La cobertura inicial se centrará en las empresas con unos ingresos totales de explotación y financieros superiores a 100 millones de coronas (US$9,4 millones), pero este umbral se reducirá con el tiempo para incluir a aquellas cuyos ingresos superen los 50 millones de coronas.
El gobierno, dirigido en minoría por el Partido Laborista, argumenta que los avances en la consecución del equilibrio de género en los consejos de administración han sido decepcionantemente lentos. En las dos últimas décadas, la representación femenina ha pasado del 15% a apenas el 20%. Aunque Noruega no es miembro de la Unión Europea, el Parlamento Europeo dio un paso en la misma dirección en noviembre del año pasado al aprobar una legislación que obliga a que haya un 40% de consejeras no ejecutivas o un 33% de representación entre todos los consejeros.
“Este es un punto de inflexión para el trabajo por la igualdad en las empresas de Noruega”, declaró en el comunicado el Ministro de Comercio e Industria, Jan Christian Vestre. Empresas y sindicatos “comparten la impaciencia del gobierno, y me alegro de que juntos hayamos encontrado un medio de acción que pueda acelerar el trabajo.”
Noruega ocupó el año pasado el tercer puesto en el Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial, sólo por detrás de Islandia y Finlandia.
Según los cálculos del Gobierno, será necesario contratar a casi 13.000 nuevos miembros de consejos de administración de aquí a 2028. Los requisitos también se aplicarán a las cooperativas o asociaciones de viviendas con más de 500 miembros, así como a las fundaciones empresariales.
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