Bloomberg — El principal funcionario electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros siete integrantes renunciaron el jueves, dando paso a una reorganización del organismo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Calzadilla dijo a periodistas en Caracas que él y al menos otros siete miembros presentarán sus renuncias, las cuales tendrían que ser aceptadas por la Asamblea Nacional para ser válidas.
Los funcionarios permanecerán en sus cargos hasta que la Asamblea Nacional designe nuevos miembros, agregó Calzadilla.
No está claro si la reorganización incluirá a los dos únicos miembros de oposición del Consejo Nacional Electoral, conocido como CNE, que no participaron en la conferencia de prensa.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro busca persuadir a observadores del extranjero de que las elecciones presidenciales de 2024 serán libres y justas, algo que las autoridades estadounidenses han indicado que sería necesario para levantar las sanciones económicas. Sin embargo, los principales contendientes de la oposición de Venezuela actualmente no pueden participar en la votación, ni se ha invitado a comités internacionales para supervisar la misma.
Está programado que la Asamblea Nacional de Venezuela se reúna este jueves para designar un comité de gestión de la nominación de candidatos al Consejo.
De los ocho miembros que presentaron su renuncia, solo dos son de pleno derecho, mientras que el resto son suplentes. La junta se ha quedado corta de uno de los cinco miembros habituales desde 2022 después de que Tania D’Amelio fuera nombrada jueza ese año. Los cinco fueron elegidos originalmente en 2021 para un mandato de siete años que terminaría en 2028.
Por primera vez desde 2004, el Gobierno había incluido a dos opositores en la reorganización de la junta del CNE en 2021, antes de la votación regional de ese año: Enrique Márquez, un duro crítico de las políticas del presidente Nicolás Maduro y exvicepresidente de la Asamblea Nacional liderada por la oposición; así como Roberto Picón, asesor electoral de la oposición durante mucho tiempo que fue encarcelado durante seis meses en 2017 bajo acusaciones de traición.
Las negociaciones entre la oposición y el Gobierno para garantizar elecciones libres y justas en 2024 están estancadas desde noviembre.
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