Bloomberg Línea — El gobierno de Costa Rica expuso en conferencia de prensa la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asegurando que desde la década de 1990 esta institución pública recibe menos dinero del que gasta.
En un “anuncio urgente”, Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, aseguró que la Caja es “financieramente insostenible” y ello implica un deterioro en la prestación de los servicios, entre ellos, la compra de medicamentos, equipos, instalaciones, mantenimiento y disponibilidad de trabajadores calificados.
El sistema del CCSS se estableció en la década de 1940 bajo un esquema de financiamiento tripartito: empleador, empleado y Estado. Sólo los trabajadores asegurados podían recibir el servicio médico. En los años de 1960, se reformó la Constitución Política para que la Caja adoptara un modelo de atención universal para todos los ciudadanos y residentes legales permanentes.
En la actualidad, tiene la obligación de atender a todos, aunque no estén inscritos al servicio. La CCSS también se encarga de la administración del sistema público de pensiones.
Esquivel dijo que la CCSS le factura al gobierno el costo de las personas sin capacidad para cotizar al seguro de salud, ni pagar los servicios, equivalente a unos 2.400 billones de colones (US$ 4.365 millones), es decir, 500.000 colones (US$ 932,28) por los 5,1 millones de costarricenses.
“Queda claro que la legislación hace este modelo de servicios de salud sea financieramente insostenible”, agregó Esquivel , al cuestionar que las juntas directivas anteriores “no tomaron medidas para solucionar este problema” y que “fueron permisivas con políticas institucionales que deterioraron las finanzas de la Caja”.
Denuncian irregularidades en la CCSS
En la conferencia de prensa, el gobierno también aseguró que los estados financieros de la institución tampoco cumplen las reglas contables nacionales e internacionales, no se sabe cuántos son los activos y los inventarios, y que hubo intentos que resultaron fallidos para implementar nuevos sistemas informáticos.
Además, el gobierno sostiene que hubo derroche de recursos públicos, con incremento de los topes de cesantía de 8 a 20 años en los años 1998, 2008 y 2009; ajustes salariales “desproporcionados” en 2009 y 2022; y que sin aumentar el presupuesto, la Caja contrató a 10.000 nuevos administrativos en 2010.
El presidente Rodrigo Chaves señaló que el gobierno no tiene la capacidad económica para pagar la deuda de 2.400 billones de colones (unos US$4.365) que el exlegislador frenteamplista, José María Villalta, asegura que existe, y que de hacerlo “todo el presupuesto del Gobierno habría que cerrarlo para pagarle en dos años más o menos a la CCSS”.
“Nuestro compromiso es evitar que quiebre. Nuestra lucha es salvar a la Caja”, dijo Chaves.
Tras la conferencia de prensa, el presidente costarricense y Esquivel asistieron el miércoles por la tarde al Ministerio Público, donde presentaron varias denuncias por irregularidades que se han dado en la institución, aunque no señalaron los nombres ni la cantidad de personas implicadas.
“Hay denunciadas muchas personas de juntas directivas anteriores. Como no soy abogado no sé si puedo decir nombres. Nosotros presentamos la relación de hechos”, señaló Chaves al salir del Ministerio Público.
Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, aseguró en su cuenta de Twitter que “la Caja no está quebrada, la quieren vender”, y agregó que lo expresado por las autoridades “es una muestra más de la intención de este gobierno de desmantelar el Estado Social de Derecho”.
También por esa red social, la catedrática Juliana Martínez Franzoni dijo que “para el actual gobierno de Costa Rica la seguridad social universal “es linda, pero inviable”. Lo demás fue humo basado en datos falsos, medias verdades y algunas verdades acomodadas para fundamentar el adiós a un modelo incluyente de seguridad social”.
Al medio Noticias Columbia, el exdiputado José María Villalta dijo que el presidente lanzó “una cortina de humo que hace una mezcla de denuncias y casos de corrupción del pasado que son reales y que también hemos denunciado, pero los mezcla con las acciones arbitrarias que está haciendo, debilitando la institucionalidad de la Caja, haciendo nombramientos ilegales y arbitrarios, frenando infraestructura y manipulando los informes técnicos”.
