La largamente esperada investigación sobre la conducta del ex Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha concluido que cometió un “grave desacato” al Parlamento al engañar repetidamente a los legisladores sobre las fiestas que infringían las normas en su despacho de Downing Street durante los confinamientos por del Covid-19.
El Comité de Privilegios, compuesto por siete miembros y con mayoría conservadora, declaró en su informe sobre el escándalo del “partygate” que algunas de las negativas y explicaciones de Johnson fueron deliberadamente poco sinceras y pretendían engañar tanto al comité como a la Cámara.
Johnson había asegurado previamente a la Cámara de los Comunes que no se había infringido ninguna norma, pero posteriormente se disculpó ante la cámara después de que él y el Primer Ministro Rishi Sunak fueran multados a raíz de una investigación policial sobre una serie de reuniones con alcohol en Downing Street durante los sucesivos encierros. La policía impuso un total de 126 multas a 83 personas por asistir a estas reuniones contrarias a las normas en edificios gubernamentales.
La Presidenta de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, anunció el jueves que los parlamentarios podrán enmendar y votar una moción relativa al informe el lunes. No dio más detalles.
La gran incógnita para Sunak es cómo enmarcará esa moción: si se pedirá a los parlamentarios que aprueben las conclusiones del informe o simplemente que reconozcan que se ha publicado. En el primer caso, una aprobación en toda regla de sus conclusiones por parte de los legisladores probablemente perjudicaría a Johnson y a cualquier esperanza que pudiera tener de volver a la política.
La repercusión de la investigación se ha visto reducida en cierta medida por el hecho de que Johnson, que conoció la investigación por adelantado la semana pasada, ya había declarado que renunciaba a su escaño en la Cámara de los Comunes en señal de protesta.
Mentir o engañar al Parlamento conlleva penas estrictas para los infractores de las normas, y el panel dijo que, dado que Johnson ya había renunciado a su escaño, el castigo recomendado es que se le retire el derecho a mantener un pase para acceder al Parlamento. Si aún fuera parlamentario, la comisión habría recomendado una suspensión de 90 días, una sanción cuya severidad se debe en parte a la larga diatriba que lanzó contra la comisión el 9 de junio.
Cuando dimitió la semana pasada, Johnson calificó al Comité de Privilegios de “tribunal canguro” y cuestionó la parcialidad de su presidenta, la laborista Harriet Harman. En respuesta, la comisión dijo que Johnson “impugnaba la integridad” del Parlamento con su ataque y que su comportamiento agravaba la sanción que debía recibir.
El jueves, el ex premier emitió otro comunicado en el que explicaba por qué sigue pensando que no infringió las normas. “Este informe es una farsa” y sus conclusiones están “desquiciadas”, dijo.
Al renunciar, Johnson ha desencadenado unas desafiantes elecciones especiales para Sunak en Uxbridge y South Ruislip, un escaño que el gobernante Partido Conservador mantuvo en 2019 con una mayoría relativamente escasa de unos 7.000 votos. Los parlamentarios conservadores esperan que el opositor Partido Laborista se haga con el escaño. Es poco probable que eso moleste a Johnson, que culpa a Sunak del papel que desempeñó en su propia caída el año pasado.
El comité analizó seis reuniones en el Número 10 que, según Johnson, “creía sinceramente” que estaban cubiertas por exenciones laborales a las restricciones de Covid y que eran actos “esenciales”.
“Un ‘gracias’ en el lugar de trabajo, una copa de despedida, una celebración de cumpleaños o un acto de motivación no son, obviamente, ni esenciales ni razonablemente necesarios”, decía el informe. “Una persona razonable que analizara los eventos y las normas no tendría la convicción que ha manifestado el Sr. Johnson”.
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