Bloomberg Línea — La oenegé Human Rights Watch (HRW) dijo que la presidenta Xiomara Castro debe demostrar a la población que hablaba en serio cuando anunció la creación de una comisión respaldada por la ONU —la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)—.
Su gobierno suscribió un memorándum en diciembre de 2022 con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para crear la comisión, y en abril de 2023, la mandataria acordó los términos para que un grupo de expertos de la ONU visite el país para sentar las bases de la comisión.
“La promesa de la presidenta Castro de combatir la corrupción, en una región donde aquellos en el poder están cada vez más implicados en ella, fue un paso positivo”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Pero, habiendo transcurrido más de un año desde que asumió, la presidenta debe demostrar a la población hondureña que hablaba en serio”, durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa.
“Si Honduras establece las condiciones adecuadas, la comisión internacional podría convertirse en un modelo regional en el combate a un flagelo que vulnera los derechos de las personas y su posibilidad de vivir con dignidad a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe”, señaló Goebertus.
La organización presentó el Informe sobre Honduras: La lucha contra la corrupción requiere medidas urgentes, para el cual consultó los expedientes de 14 investigaciones de corrupción y detectó nexos claros con violaciones de derechos humanos en 12 de ellos, dijo en un comunicado.
“La corrupción documentada por los fiscales vulneraba los derechos a la alimentación, la salud y la educación, así como el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento libre, previo e informado sobre medidas que puedan afectarlos, entre otras consecuencias negativas”, advirtió.
HRW también abordó otro caso en el cual hubo funcionarios implicados en hechos de corrupción en la compra por casi US$ 50 millones de siete hospitales móviles para pacientes de Covid-19.
Muchos de estos casos fueron dados a conocer por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente internacional creado en 2016, en respuesta a la presión pública hondureña, por el entonces presidente Juan Orlando Hernández con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El entonces presidente de la República se rehusó a extender su mandato en 2020. Hernández fue extraditado a Estados Unidos en 2022 para ser juzgado por tres delitos relacionados a tráfico de droga y armas.
Sin el tiempo necesario, la MACCIH no consiguió propiciar reformas legales claves ni fortalecer la independencia de los fiscales y de las autoridades de justicia para que los casos avanzaran.
¿Qué sigue ahora para Honduras?
HRW dice que en Honduras, los partidos políticos han tradicionalmente interferido en el sistema judicial para favorecer sus propios intereses. La selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general se negociaban a puerta cerrada, sin basarse en razones de mérito sino de afinidad política.
Sin embargo, paso importante para revertir esa práctica fue la reforma legislativa de 2022 relativa al proceso de selección de los magistrados de la CSJ, que incorporó mayor transparencia a la designación de 15 nuevos magistrados en febrero de 2023.
El futuro de la independencia del sistema de justicia hondureño también depende de la forma en que se lleve a cabo el proceso de selección del próximo fiscal general, una vez que concluya el mandato de cinco años del actual fiscal general Óscar Chinchilla el 31 de agosto.
Expertos en materia anticorrupción entrevistados por la oenegé resaltaron la importancia de que la comisión internacional sea diseñada como un vehículo para fortalecer las instituciones locales.
“El trabajo que desempeñe la comisión será crucial, pero también debería contribuir a que se construya un sistema hondureño de justicia y de lucha contra la corrupción sólido y resistente que esté en condiciones de disuadir, procesar y sancionar, en el largo plazo, hechos de corrupción”, señaló.
Además, indicó que el gobierno de la presidenta Castro debería dotar a la comisión de la facultad para proponer reformas legislativas que fortalezcan el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, y la presidenta debería comprometerse a trabajar con el Congreso para implementar estas reformas.
También, para ser exitosa, la comisión deberá ser autónoma e independiente, con un mandato amplio para investigar y juzgar casos de corrupción y con la facultad de proteger a su personal de posibles represalias.
“La presidenta Castro y el secretario general Guterres, con el apoyo de la comunidad internacional, tienen la oportunidad de demostrar que la democracia y el Estado de derecho pueden abordar eficazmente las necesidades de la población”, agregó Goebertus.
