Bloomberg — Donald Trump ha sido acusado por su negativa a devolver documentos clasificados encontrados en su casa de Florida, según tres personas familiarizadas con el asunto. La acusación en un tribunal federal de Miami es extraordinaria, ya que nunca se había acusado a un expresidente de cometer delitos federales.
Es casi seguro que dará un vuelco a la carrera por ser el candidato republicano a la presidencia en las elecciones de 2024 y significa que Trump podría enfrentarse a penas de cárcel o a la inhabilitación para ocupar cargos públicos dependiendo de los cargos si es declarado culpable.
La acusación fue presentada bajo sello y contiene siete cargos, entre ellos retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación corrupta de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas, según una persona familiarizada con el caso que pidió el anonimato para hablar de información confidencial. El documento podría hacerse público el viernes.
Una condena por ocultar o destruir deliberadamente documentos gubernamentales conlleva una pena de inhabilitación para el cargo, aunque los expertos jurídicos discrepan sobre si eso se aplica a la presidencia. Violar la Ley de Espionaje por retener información de defensa nacional puede acarrear hasta 10 años de cárcel, y obstruir a la justicia puede conllevar hasta 20 años entre rejas, aunque sería improbable que Trump se enfrentara a las penas máximas.
Trump mantuvo su inocencia en una publicación el jueves por la noche en su plataforma Truth Social y dijo que ha sido citado para comparecer en el tribunal federal de Miami el martes.
“Nunca creí posible que algo así pudiera ocurrirle a un expresidente de Estados Unidos”, escribió.
La campaña de Trump calificó la acusación de “acto de “guerra” legal abierta”.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios, al igual que el Departamento de Justicia.
La acusación de Trump acumula presión legal y política, ya que también ha sido acusado en un caso no relacionado en Nueva York. También se produce durante una semana en la que otros tres rivales potenciales -su propio exvicepresidente Mike Pence, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum- han anunciado que se presentan contra él para la nominación del Partido Republicano en 2024.
Trump parece ser el favorito para la nominación con una base de apoyo que ha sido inquebrantable a través de su acusación por el fiscal de distrito de Nueva York Alvin Bragg en relación con los pagos de dinero de silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, así como una sentencia civil en Nueva York que lo consideró responsable de agresión sexual contra el autor E. Jean Carroll.
Pero con candidatos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, ofreciendo plataformas alternativas en un campo cada vez más concurrido, Trump corre el riesgo de perder el apoyo de los republicanos moderados, los independientes y los votantes suburbanos.
Trump también se enfrenta a una demanda civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, sobre las valoraciones de activos de su empresa y a las investigaciones en curso del Departamento de Justicia y del fiscal de distrito del área de Atlanta sobre sus esfuerzos para anular su derrota electoral de 2020 ante el presidente Joe Biden.
Trump ha afirmado que todos los casos en su contra son cazas de brujas políticas diseñadas para evitar que sea reelegido para un segundo mandato en la Casa Blanca.
La investigación del Departamento de Justicia sobre documentos clasificados se centró en un largo esfuerzo para que Trump devolviera los registros gubernamentales que se llevó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en 2021 y que guardaba en su complejo de Mar-a-Lago. El pasado agosto, el FBI obtuvo una orden judicial y llevó a cabo un registro sin precedentes en la casa de un expresidente ante la preocupación de que Trump no devolviera todo el material de alto secreto a los Archivos Nacionales, donde pertenecen, incluso después de recibir una citación federal que le obligaba a hacerlo.
Los fiscales también citaron a una serie de personas que trabajaron en la residencia de Trump en Florida para que testificaran y aportaran pruebas a los grandes jurados de Washington y Florida como parte de la investigación.
Los Archivos Nacionales, que guardan los registros presidenciales y de otro tipo del Gobierno estadounidense, también descubrieron que Pence y Biden se llevaron documentos cuando dejaron el cargo, pero ambos invitaron a las autoridades a sus casas y oficinas para recuperarlos. El caso legal de Pence sobre los documentos se cerró sin cargos; el de Biden, que está siendo dirigido por otro abogado especial, sigue pendiente.
Trump dijo que había emitido una “orden permanente” para desclasificar todos los documentos, y en un momento dado afirmó que podía desclasificar registros simplemente pensando en ello. Sin embargo, no se conoce ninguna documentación que respalde esta afirmación.
Smith fue nombrado por el fiscal general Merrick Garland en noviembre para dirigir la investigación de documentos clasificados y una investigación separada y en curso sobre los esfuerzos de Trump y otros para anular las victorias de Biden en 2020 en estados disputados.
Trump se enfrenta a delitos graves que conllevan importantes penas de prisión, según la ex fiscal federal Barbara McQuade.
“Trump se presume inocente, como todos los acusados, pero estos son cargos significativos porque ponen en riesgo la seguridad de la nación”, dijo.
--Con la colaboración de John Harney y Joe Schneider.
