Bloomberg Línea — Los sistemas pensionales en América Latina atraviesan diferentes desafíos actuales y futuros que, por su magnitud, pueden impactar de manera considerable su estabilidad y fortaleza. Entre estos desafíos se cuentan la sostenibilidad financiera y el cambio demográfico, por mencionar los más importantes.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), dijo recientemente que el envejecimiento poblacional es sostenido en la región y esto llevará a la población de 60 años y más a representar casi el 30% de la población total en el 2060 y a acercarse al 40% en los escenarios de muy largo plazo (hacia el 2100), lo que podría generar mayor presión fiscal en los sistemas pensionales, si se tiene en cuenta también el avance en la esperanza de vida.
“Actualmente, los sistemas de pensiones están bajo presión debido a diversos factores. Uno de los principales desafíos es el envejecimiento de la población, lo que significa que hay un número cada vez mayor de personas que necesitan recibir beneficios de pensión, mientras que la fuerza laboral activa, que financia esos beneficios, se está reduciendo. Esto crea un desequilibrio entre el número de cotizantes y el número de beneficiarios”, dijo Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co. S.A.S., en conversación con Bloomberg Línea.
Para Arbeláez, los desafíos también son “significativos en términos de sostenibilidad financiera”, pues hay problemas problemas estructurales en diferentes países, como bajos niveles de cobertura, altas tasas de informalidad laboral y deficiencias en la recaudación de cotizaciones. “Estos factores contribuyen a una financiación insuficiente de los sistemas y, en última instancia, afectan el bienestar económico de las personas de edad avanzada”, señaló.
Sostenibilidad financiera, un centro de debate
Una buena parte de países latinoamericanos deben destinar, cada año, recursos públicos para subsidiar o financiar un porcentaje de las pensiones otorgadas, ya que los niveles de recaudación de cotizaciones no son suficientes para cubrir estas obligaciones.
Por esta razón, Alberto Arenas de Mesa, asesor regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), explicó que los casos de Argentina y Costa Rica “tienen un grado de compromiso alto de sostenibilidad financiera; los casos de Uruguay, Colombia, El Salvador y México un grado de compromiso moderado de sostenibilidad financiera, y los casos de Chile y Perú tienen un grado de compromiso bajo de sostenibilidad financiera”.
Con cifras hasta 2019-2020, en Argentina, el gasto público del sistema de pensiones alcanzó un 10,7% del PIB, uno de los niveles de gasto más altos en la región, dijo. Este mismo porcentaje lo tenía Uruguay en 2017, por mencionar algunas ejemplos.
Para el experto de Crowe Co. S.A.S., aun con las reformas que se han implementado en la región en los últimos años, y que contemplan ajustes directos o indirectos a la edad de jubilación, ajustar las tasas de cotización, reducir los beneficios o promover sistemas de pensiones complementarios, la sostenibilidad financiera sigue sin resolverse.
“Es necesario abordar de manera integral los problemas estructurales y promover una mayor inclusión laboral y una mejor recaudación de cotizaciones para garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas y el bienestar económico de las personas de edad avanzada”, precisó Arbeláez.
Los retiros parciales en Chile y Perú, ¿un golpe fuerte?
La crisis económica que causó la pandemia del Covid-19 llevó a algunos países sudamericanos a tomar medidas de urgencia, como el retiro parcial y anticipado de ahorros pensionales. Chile y Perú tomaron esta delantera, con retiros de US$ 53.000 millones y US$ 25.000 millones, aproximadamente, en cada país, según cifras oficiales.
“Estas medidas han tenido un impacto inmediato en la disponibilidad de fondos para el pago de pensiones futuras. Al retirar una parte de los ahorros destinados a la jubilación, se reduce el capital acumulado en los sistemas de pensiones y, por lo tanto, se disminuye el monto de las futuras pensiones que podrían recibir los trabajadores”, explicó el experto en conversación con Bloomberg Línea.
Pese a ser una medida basada en la necesidad de solvencia económica, desde Crowe Co. se añadió que las discusiones deben considerar las consecuencias a largo plazo, pues se afecta la acumulación de fondos y se reducen las pensiones futuras, especialmente para quienes no pueden reponer los retiros realizados.
Al tiempo, se recomendó que, conforme se autoricen más retiros de ahorros pensionales, se implementen medidas que incrementen las tasas de cotización o establecer mecanismos de reembolso para que los individuos puedan devolver los montos retirados durante un período de tiempo determinado.
La reforma que se adelanta en Colombia
El proyecto de ley que estaba trabajando el gobierno de Gustavo Petro ya está en el Congreso de la República para su trámite respectivo. Este llegó al Congreso incluyendo un sistema basado en pilares y la creación de un fondo de ahorro para el pilar contributivo financiado tanto por cotizaciones como por la futura transferencia de recursos de las AFP a Colpensiones.
El umbral a partir del cual se deben dirigir los aportes a Colpensiones se mantuvo sin cambios en tres salarios mínimos, un punto que tuvo una alta discusión previa y para el cual los expertos han señalado que el umbral debería ser solo un salario mínimo.
“En el caso colombiano debemos advertir que quizás el mayor problema es el de la informalidad laboral, que entendemos, a voces de la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, no es atacado por el proyecto de reforma laboral y por ende sigue afectando el sistema pensional, pues a pesar de los aparentes beneficios del proyecto de ley, no se observa una atención al déficit de pensiones y en los niveles de subsidios otorgados por el Estado”, explicó Arbeláez.
Así mismo, hizo énfasis en que la actual reforma no cierra el “déficit financiero pensional”, aun cuando se disminuyen los subsidios a las llamadas “megapensiones”.
Las diferencias en la edad pensional en la región
Colombia se mantiene como uno de los países con edades de pensión más bajas en América Latina, con 57 años para mujeres y 62 para los hombres. Sobre este caso, Arbeláez dijo que aunque en el proyecto de ley no se indica de manera expresa el aumento de la edad de pensión, el hecho de incrementar las semanas para acceder al derecho “conlleva por sí mismo un aumento de manera implícita”.
Venezuela, por su parte, tienes las edades más bajas de pensión, con 55 años para mujeres y 60 años para los hombres, según cifras de la Asociación Internacional de Seguridad Social, ISSA. En Paraguay, hombres y mujeres se pensionan a los 60 años, y en Uruguay es a los 60 y 65 años.
Para el caso de Argentina, Brasil, Chile y Cuba, la edad de pensión es también de 60 años para mujeres y 65 años para hombres, y en Ecuador, México y Perú, la jubilación para ambos géneros es de 65 años.
“El déficit financiero del sistema pensional es otro factor que justifica el aumento de la edad de pensión”, finalizó el socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co. S.A.S.
Para las reformas futuras...
“Los factores demográficos asociados al envejecimiento de la población, los cambios en las relaciones laborales y la realidad del mercado del trabajo formal y las labores no remuneradas son la base para determinar el funcionamiento del componente contributivo y su capacidad para alcanzar niveles adecuados de suficiencia, cobertura y sostenibilidad financiera”, señaló Juan Manuel Badilla Espinoza, consultor de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un artículo sobre los elementos para las discusiones de reformas previsionales en América Latina.
La FIAP hace énfasis en los siguientes puntos para aumentar la cobertura previsional contributiva, de la mano de la reducción de la informalidad laboral y el mejoramiento del mercado laboral:
- Reducir los costos del empleo formal y de los contratos laborales.
- Fomentar el empleo formal en las mujeres, lo que requiere mayor flexibilidad laboral y ayudas en la maternidad (como las guarderías universales).
- Fomentar el empleo formal en la tercera edad, a través de mayor flexibilidad laboral, y a la vez reduciendo la discriminación por edad, premiando a las empresas que enfoquen su contratación al segmento mayor e invirtiendo en capacitación en tecnología).
- Fomentar el empleo formal en los más jóvenes, por ejemplo mediante una mayor flexibilidad estudio/trabajo, subsidios a su contratación, políticas que reduzcan la deserción escolar y establecerles un salario mínimo más bajo que el general..
Así mismo, Badilla Espinoza hizo énfasis en que la experiencia internacional y de América Latina muestra que el diseño de sistemas mixtos contributivos e integrados equilibran los objetivos individuales y colectivos y dan certidumbre sobre las prestaciones, obteniendo buenos resultados en estas dimensiones, sin necesidad de poner en riesgo la sostenibilidad financiera.
