Bloomberg Línea — El gobierno hondureño amenaza su salida de arbitrajes internacionales, como la jurisdicción CIADI, ante una demanda multimillonaria por parte de una empresa estadounidense.
Funcionarios dijeron que hay “ausencia de legalidad” en el procedimiento de litigio que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) abrió con respecto al caso de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera contra el Estado de Honduras.
En diciembre de 2022, la compañía estadounidense Honduras Próspera, Inc. anunció que presentaría una demanda de arbitraje internacional contra Honduras por la eliminación del sistema conocido como ZEDE, que el gobierno de Xiomara Castro califica de ilegales al considerar que viola la soberanía del país.
La empresa informó de la reclamación de US$10.775 millones, equivalente a unos 265.065 millones de lempiras (HNL) por daños y perjuicios, monto equivalente a casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según estimaciones del gobierno.
Menos de dos meses después, el 3 de febrero, el CIADI completó proceso de revisión y registró la solicitud de arbitraje presentada contra el Estado por Honduras Próspera Inc. y sus asociadas John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC, todas con sede en Estados Unidos.
En conferencia de prensa el 31 de mayo, la Comisión Presidencial para la Defensa del Territorio y la Soberanía Nacional junto con la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que el CIADI ha hecho caso omiso de la reserva legal que registró el Estado de Honduras al adherirse al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.
La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que al Estado le asiste el derecho y principios nacionales e internacionales, “pero sobre todo nos asiste una normativa nacional que esta vigente desde 1988 y ratificada en el año 2000 por el presidente José Azcona del Hoyo y el presidente Carlos Roberto Flores Facussé, quiénes a través de decretos legislativos hicieron reserva de ley y dijeron el Estado de Honduras no va a Cortes, ni organismos internacionales, mientras no se agote el derecho interno”.
Además, agregó el organismo que “violenta el principio de la pacta sunt servanda que rige todos los tratados internacionales”, principio que establece la obligación de los inversionistas de agotar las vías jurídicas internas antes de recurrir al CIADI. El gobierno refirió que, basado en este enunciado, el arbitraje debe ser el último recurso.
En un comunicado, la PGR dijo que el CIADI “en forma fraudulenta nos impone como árbitro al Dr. Claus Von Wobeser, quien guarda nexos comprobados como representante en otros casos de la contraparte que representa a la demandante Próspera Inc.”, por lo que alega un conflicto de intereses.
De acuerdo con el procurador general de la República, Manual Díaz Galeas, “este árbitro (Wobeser) ha realizado diversos servicios para la firma White and Case LLP, representante legal de Honduras Próspera ZEDE. Su titular y socio guardan relaciones académicas y comerciales en otros arbitrajes”, detalló.
La reacción de Próspera
En un comunicado, Honduras Próspera, Inc. dijo tener méritos sólidos del caso de arbitraje, al agregar que el gobierno está atacando al CIADI “por las consecuencias de su propia negativa a participar en el arbitraje”.
La compañía agregó que el gobierno se ha negado a hacer su nombramiento de árbitro durante meses y de acuerdo con las reglas del CIADI, este puede designar a los árbitros que no sean designados a tiempo, esto conforme al artículo 10.19 del DR-CAFTA.
“Aún no se ha realizado un nombramiento de árbitro para Honduras en el caso de arbitraje pendiente, pero podría hacerse en cualquier momento”, aseguró la empresa estadounidense.
Honduras Próspera, Inc. se defiende de la expropiación “no compensada y otras violaciones de la ley hondureña e internacional con representación legal de White & Case LLP, un líder global en arbitraje internacional que representa tanto a Estados como a inversionistas”.
La derogación de las ZEDE
En abril de 2022, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la derogación de las ZEDE, sujetas a una jurisdicción especial con el fin de atraer inversiones y generar empleos, al considerarlas violación de la soberanía.
En estos territorios, sujetos a “régimen especial”, los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, jurídica y de seguridad, según una ley orgánica aprobada en junio de 2013, aprobada cuando Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. por delitos de tráfico de armas y drogas, era presidente del Poder Legislativo.
Por tratarse de una modificación a la Constitución Nacional, la derogatoria de las ZEDE requiere una segunda votación en la legislatura de 2023, pero en el Legislativo aún no hay fecha para su ratificación.
El comisionado presidente para la Defensa de la Soberanía, Fernando García, aseguró que bajo este esquema el gobierno anterior intentó ceder 65 municipios, ubicados en 7 departamentos, equivalente al 66% del territorio.
A partir de la Ley de las ZEDE en el país se establecieron tres inversiones de este tipo: Próspera, en Roatán; Morazán, en Choloma; y Orquídea. en San Marcos de Colón.