Cupones de alimentos, gasto y cuestiones clave para aprobar acuerdo de deuda de EE.UU.

Estos son los cinco puntos clave que podrían retrasar o hacer descarrilar el proyecto en su tramitación en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. antes del 5 de junio

El gasto de los consumidores estadounidenses ajustado a la inflación aumentó en marzo a pesar de las intensas presiones sobre los precios, lo que indica que los hogares siguen teniendo un sólido apetito y medios para hacer compras.
Por Laura Davison - Jennifer Dlouhy
31 de mayo, 2023 | 04:47 AM

Bloomberg — El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy llegaron a un acuerdo para evitar el impago de la deuda del país, pero ahora deben superar las objeciones de los miembros de sus propios partidos para aprobar la legislación de compromiso.

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Estos son los puntos clave que podrían retrasar o hacer descarrilar el paquete en su tramitación en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. antes del 5 de junio, fecha en la que el Tesoro dice que no podrá pagar todas sus obligaciones:

1. Niveles de gasto

Los miembros del conservador Freedom Caucus de la Cámara de Representantes afirman que McCarthy no negoció un recorte del gasto lo suficientemente grande y muchos ya han dicho que votarán “no”.

El acuerdo aún puede ser aprobado en la Cámara con la ayuda de los demócratas, pero el enfado entre las facciones de extrema derecha significa que podría haber repercusiones para McCarthy más adelante.

El representante republicano de línea dura Chip Roy, de Texas, dijo el martes que habría un “ajuste de cuentas” sobre el acuerdo de la deuda. El representante Dan Bishop, de Carolina del Norte, dijo que los conservadores deben tirar de la palanca de la “moción para desalojar” que permite a cualquier miembro pedir una votación para destituir a McCarthy como presidente.

2. Lucha por la ayuda alimentaria

Una pieza central del acuerdo para muchos conservadores es la ampliación de los requisitos de trabajo para obtener cupones de alimentos, que ahora se aplican a los beneficiarios hasta los 49 años, pero que según la legislación se aplicarían a las personas hasta los 54 años. Este es también un punto central de discordia para muchos demócratas.

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Los conservadores ven las nuevas restricciones al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como una forma de reducir costes y animar a más personas a trabajar. Los progresistas señalan estudios que demuestran que los requisitos no han aumentado el empleo entre las personas cubiertas. Afirman que las restricciones no hacen más que expulsar a la gente de la asistencia alimentaria a través de onerosos requisitos de información laboral. También puede ser difícil para las personas con discapacidad superar los obstáculos burocráticos para demostrar que tienen derecho a una exención, dicen.

La Casa Blanca señala una concesión que los republicanos hicieron a cambio: nuevas exenciones del requisito de trabajo para veteranos, personas sin hogar y jóvenes adultos que salen de hogares de acogida. Como resultado, aproximadamente el mismo número de personas estarán sujetas al requisito de trabajo que antes, según un funcionario de la Casa Blanca que informó a los periodistas.

Biden rechazó el domingo las críticas de que las nuevas restricciones harían que más personas pasaran hambre, calificándolas de “afirmación ridícula”. Pero el liberal Center on Budget and Policy Priorities rebatió que el acuerdo “pondrá en riesgo la asistencia alimentaria para adultos mayores de muy bajos ingresos” y “aumentará el hambre y la pobreza entre ese grupo”.

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3. Gasoducto de Mountain Valley

Los demócratas progresistas y los activistas ecologistas están furiosos por un añadido de última hora a la legislación para dar luz verde al controvertido gasoducto Mountain Valley de Virginia Occidental a Virginia. El proyecto de ley también bloquearía las impugnaciones legales a dicha autorización.

Esto podría llevar a una batalla entre demócratas. Y es que el senador demócrata Joe Manchin, de Virginia Occidental, ha defendido sin descanso el multimillonario proyecto de Equitrans Midstream Corp. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, se ha comprometido a presentar una enmienda para eliminar el texto sobre el gasoducto de Mountain Valley del proyecto de ley del techo de la deuda.

Los activistas medioambientales sostienen que la decisión de anular el proceso de concesión de permisos públicos y el derecho a una revisión legal socava los principios del buen gobierno y sienta un peligroso precedente. Los propietarios de tierras en la ruta del proyecto dicen que se sienten como si les hubieran tendido una emboscada.

Aún así, los cambios en los permisos distan mucho de la revisión que los republicanos habían buscado, incluida su presión por un plazo más corto, de dos años, para las demandas que impugnen la aprobación de proyectos en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental, de 53 años de antigüedad.

4. Permisos energéticos

Los republicanos también han conseguido una serie de cambios que pretenden acelerar los grandes proyectos energéticos y de infraestructuras limitando el papel del Gobierno en el escrutinio de esos proyectos a través de la NEPA.

Según Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice, el acuerdo sobre la deuda impondría plazos artificiales y desalentaría la participación pública en las revisiones medioambientales de nuevos proyectos, al tiempo que abriría la puerta a más litigios.

Según el proyecto de ley, menos proyectos estarían sujetos a revisión gubernamental y las agencias federales tendrían nuevos plazos para completar sus exámenes. Los demócratas afirman que los plazos propuestos -dos años para las declaraciones de impacto ambiental y un año para las evaluaciones ambientales- incitarían a las agencias a precipitarse, pudiendo pasar por alto las consecuencias para el cambio climático, las comunidades vecinas y la salud pública.

Los demócratas esperan enmendar algunos de los cambios en los permisos como parte de la norma que lleve el paquete al pleno de la Cámara.

5. Financiación militar

Los principales defensores de las fuerzas armadas, entre ellos los senadores republicanos Lindsey Graham y Roger Wicker, no se mostraron satisfechos con los niveles de gasto en defensa, ya que el aumento del 3,3% no sigue el ritmo de la inflación. Esto supone un recorte para las fuerzas armadas.

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Los líderes de los servicios militares suelen enviar al Congreso listas de deseos en busca de fondos para partidas que no entraron en el presupuesto propuesto por el presidente. Esas listas suman más de 30.000 millones de dólares para el año fiscal 2024.

- Con la colaboración de Mike Dorning, Ari Natter y Roxana Tiron.

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