Bloomberg Opinión — La socialdemocracia es la respuesta.
La pregunta es cómo proporcionar un bienestar inclusivo y amplio a los cerca de 650 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. A pesar de una larga historia de lucha social y revolución, los sucesivos gobiernos de diversas ideologías en toda la región han fracasado a la hora de proporcionar a sus ciudadanos los derechos y oportunidades que encarnan sus mitologías nacionales igualitarias.
Las estrategias de desarrollo dirigidas por el Estado y orientadas hacia el interior se estrellaron, dando paso a reformas favorables al mercado bajo la égida del neoliberal “Consenso de Washington”. Tampoco dieron resultado. La democracia, adoptada casi universalmente tras las sangrientas dictaduras militares que se sucedieron desde los años sesenta hasta los ochenta, tampoco proporcionó a la mayoría de los latinoamericanos una vida digna.
Las consecuencias actuales son evidentes: la agitación en Perú; el asalto a la sede del gobierno de Brasil por los seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro; el bamboleo de izquierda a derecha de la política chilena y la vorágine política en el período previo a las elecciones presidenciales en Argentina; la violencia que empuja a miles de migrantes de América Central, Haití y Venezuela.
La socialdemocracia es la solución. Pero decir eso no lleva muy lejos. Sólo plantea una nueva pregunta: Dada la evidencia de su éxito, ¿por qué América Latina no le ha dado una oportunidad?
En los años de posguerra del siglo XX, las democracias de Europa Occidental construyeron Estados del bienestar basados en la redistribución financiada con impuestos y en la seguridad social para apuntalar un envidiable historial de estabilidad social y política. Desde Escandinavia hasta el Mediterráneo, el acceso universal a los servicios de salud y a las pensiones de vejez, las guarderías financiadas por el gobierno y las ayudas a la vivienda mitigaron con éxito la desigualdad generada por los mercados y sentaron las bases de un contrato social bastante sólido.
En América Latina, por el contrario, la redistribución tuvo pocos amigos: las élites económicas de la derecha la resistieron ferozmente, mientras que la izquierda la desestimó por considerarla una desviación del programa revolucionario que llevaría a una utopía obrera. Así que la redistribución rara vez ha sido más que una idea de última hora: La desigualdad en muchos países latinoamericanos no es mucho mayor que en Europa, antes de que entren en juego los impuestos y las prestaciones públicas. Pero el sector público no hace prácticamente nada para cerrar la brecha.
Los gobiernos de la región han introducido de vez en cuando nuevos programas de redistribución, como el “Bolsa Familia” de Brasil, puesto en marcha durante el primer gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que proporcionó, por término medio, US$35 al mes a unos 13 millones de familias de bajos ingresos. Aunque han sido eficaces en la lucha contra la pobreza, su objetivo es muy limitado. Y han demostrado ser políticamente vulnerables.
¿Qué hacer con estas observaciones? Un grupo de pensadores latinoamericanos -académicos, expertos, responsables de formular políticas de gobiernos anteriores y actuales- han estado lidiando con estas cuestiones, tratando de elaborar una propuesta para empezar a construir Estados de bienestar en todo el hemisferio occidental. (He participado en varias de sus reuniones).
Su proyecto, realizado bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y divulgado el mes pasado en los medios de comunicación mexicanos, incluye ideas valiosas para superar algunos de los obstáculos idiosincrásicos de América Latina.
Consideremos la informalidad. Un trabajador típico de América Latina pasará la mitad de su vida laboral en el sector informal, al margen del sistema contributivo de impuestos sobre la nómina utilizado para financiar las pensiones y otros elementos de la seguridad social en la mayor parte del mundo. Además, el 90% de los empresarios tienen cinco o menos empleados. Esto les dificulta financiar el seguro de desempleo.
Lo que hace falta, escribe el economista mexicano Santiago Levy, es “generar una nueva arquitectura de protección social basada en un principio de universalidad”: cubrir los servicios sanitarios y las pensiones de todos, así como los seguros de invalidez, fallecimiento y desempleo. Las prestaciones no pueden vincularse al historial laboral.
Además, los autores proponen dar prioridad a la financiación pública de la economía asistencial. Citan estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU según las cuales el trabajo no remunerado de cuidado de niños, enfermos y ancianos - que en su inmensa mayoría realizan las mujeres - representa entre el 16% y el 25% del PIB. Esto no sólo es injusto, sino que mantiene a un gran número de trabajadores productivos fuera de la mano de obra formal.
Este esfuerzo constituye un punto de partida interesante. Sin embargo, la limitación quizá inevitable de la propuesta es que no puede superar el reto político más importante para proporcionar seguridad social y construir verdaderos Estados de bienestar en América Latina: la necesidad de pagar por ello.
No será barato. “Es ilusorio pensar en construir estados de bienestar sólidos con cargas tributarias inferiores a 30 puntos del PIB”, escriben los autores del informe del grupo, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, el politólogo Gaspard Estrada y Carlos Ominami, ex ministro de Economía de Chile.
Quizá no sea mucho, comparado con el 34% del PIB recaudado, de media, en los países industrializados de la OCDE. Pero es más de lo que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos están acostumbrados a recaudar.
Por término medio, la recaudación fiscal en América Latina asciende al 23% del PIB, escriben los autores. (Argentina y Brasil recaudan bastante más, pero el dinero está inmovilizado por las abultadas nóminas y pensiones del sector público). E incluso los gobiernos de izquierda que han llegado al poder en la región en los últimos años tienen problemas para recaudar más.
Pensemos en Chile. Al llegar al poder con la promesa de enterrar el neoliberalismo y reavivar la solidaridad, el gobierno de Gabriel Boric propuso al Congreso un proyecto de ley que aumentaría los ingresos públicos -que se sitúan en el 22% del PIB- en otros 3,6 puntos, para financiar una red de seguridad más generosa. El Congreso dijo no.
En Colombia, el nuevo gobierno de izquierdas de Gustavo Petro consiguió que el Congreso aprobara un paquete fiscal, pero sólo para recaudar otro 1,3% del producto interior bruto. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera lo está intentando: Los ingresos fiscales son casi los más bajos de los grandes países latinoamericanos y el presupuesto es quizá el más ajustado del mundo.
Tal vez las convulsiones que sacuden América Latina puedan ayudar a sacar a la región de su frugalidad. Después de todo, desde Otto von Bismark, la construcción de la seguridad social en todo el mundo ha estado motivada en gran medida por el temor conservador a la agitación política. Hoy, la principal amenaza para la democracia procede de la derecha populista. Pero el argumento se mantiene: Dé a los trabajadores asistencia sanitaria y puede que no exijan una revolución. Garantizar un pacto social estable puede ser algo por lo que las élites económicas estén dispuestas a pagar.
“La democracia latinoamericana está en deuda con las sociedades que la construyeron”, escriben Castañeda, Estrada y Ominami. Su supervivencia exige saldar esta deuda.
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