Bloomberg Línea — Los países centroamericanos han sido objeto de enfrentamientos políticos e ideológicos superados luego de varios años de conflictos armados y de procesos de paz, los cuales concluyeron con la firma de los llamados Acuerdos de Esquipulas en 1987.
Este hito cambió la imagen de la región, dado el compromiso a establecer una paz firme y duradera y realizar una transición de dictaduras a democracias.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra que con la consolidación de la democracia, la región pudo retomar el rumbo del desarrollo, alcanzando tasas de crecimiento de la economía cercanas al 5% anual en la última década del siglo pasado, pero a principios de milenio fue ligeramente inferior, en buena medida -pero no exclusivamente- por fenómenos naturales, como el huracán Mitch de 1998.
No obstante, desde entonces casi toda la región ha visto retrocesos en este área, como el caso de Honduras con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra José Manuel Zelaya Rosales; o la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, a pesar de que la Constitución de la República establece que todo intento continuista es ilegal.
También en El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que participará en los comicios presidenciales de 2024, al lograr que la Sala de lo Constitucional, nombrada por él mismo, permitiera esta opción y le abriera las puertas a un segundo mandato, pese a que la Constitución lo prohíbe.
Una de las situaciones más complejas se vive en Nicaragua, con Daniel Ortega ocupando la Presidencia desde 2007 y su esposa, Rosario Murillo, la Vicepresidencia. Para las elecciones de 2021, donde concretó su quinto mandado, había inhabilitado y arrestado previamente a la mayor parte de los precandidatos presidenciales.
El Índice de Democracia en Centroamérica
“El sistema democrático se encuentra bajo amenazas en algunos países de la región. Ya no hay conflictos armados pero se consolida el régimen autocrático de Daniel Ortega en Nicaragua y se observa la irrupción de nuevas formas de autoritarismos que ensombrecen el panorama político en esos países”, dijo Edmundo González, coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT).
Este centro de estudios sobre derecho parlamentario con sede en Venezuela debatió acerca de los desafíos que enfrenta la democracia en Centroamérica en un coloquio con diferentes especialistas de LatAm.
Exceptuando a Costa Rica, con una democracia plena y de alto desempeño, el resto de países de la región centroamericana muestran déficits democráticos, coincidieron los ponentes.
“Un régimen autoritario (es) cuando se habla de Nicaragua; el régimen híbrido (mezcla de democracia y autoritarismo) como lo dice el informe del Índice de Democracia para 2022, (se da) al hablar de Guatemala, El Salvador y Honduras”, dijo Giovanna De Michele, internacionalista venezolana y profesora de derecho internacional público, al citar el reporte Democracy Index 2022 hecho por la revista The Economist.
Este índice ubica a Panamá como “democracia imperfecta”, es decir, un tipo de democracia donde se presentan casos de corrupción o problemas en el funcionamiento del gobierno y las normas jurídicas existentes no son suficientes para eliminar fenómenos como la pobreza, la violencia y la corrupción.
Democracia y autoritarismo
El 25 de junio, los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, 160 legisladores y más de 300 alcaldes, pero en el país predomina un ambiente de deterioro institucional, tal como calificó el Barómetro de la Libertad de Expresión en Centroamérica y Cuba hecho por la organización Artículo 19.
La problemática “ha dado lugar a múltiples irregularidades tanto en el registro de candidaturas como en los intentos del tribunal electoral de restringir el acceso a periodistas y comunicadores sociales a las reuniones con los fiscales”.
Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que el cierre definitivo de elPeriodico implica “un retroceso para la democracia” en ese país. El medio cierra después de casi 10 meses de la captura de su fundador y presidente, José Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde julio de 2022.
Al periodista se le acusa por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala en diciembre para presenciar una jornada en tribunales y mantener reuniones con Zamora Marroquín, funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, y concluyó que “la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos”, por lo que reclamó el cese del acoso legal y judicial.
Regímenes de excepción en El Salvador y Honduras
Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha extendido 14 veces el régimen de excepción en El Salvador, una medida que elimina las garantías constitucionales.
El mandatario goza de popularidad dentro y fuera de su país: sus partidarios destacan la reducción de homicidios y la desarticulación de las pandillas a través de estrategias de guerra y ocupación de territorios, pero el costo de la tranquilidad que se presume es alto, de acuerdo con especialistas.
Artículo 19 describió esto como “la otra cara de la moneda”: “la violación de derechos, la predominancia de un enfoque punitivo, la concentración unipersonal de poder, la falta absoluta de transparencia, la corrupción, la eliminación de garantías procesales, la descalificación de cualquier voz crítica y la pretensión de prologarse en la presidencia”, además se prevé “un clima más agresivo a medida se acerquen las elecciones generales de 2024″.
También Honduras extendió por quinta vez el 20 de mayo el estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022, para enfrentar la violencia criminal y la extorsión, informó el Gobierno.
La medida faculta a la Policía Nacional a “detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”.
Las autoridades califican de exitosa a esta herramienta que “ha posibilitado la captura de varios integrantes de estructuras criminales, vinculados a maras y pandillas, que cometen delitos contra la población”.
Sobre ello, la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación a la recurrencia al estado de excepción parcial y consideró que, para enfrentar este tipo de criminalidad, la respuesta del Estado debe conllevar políticas de seguridad que privilegien la efectiva prevención, investigación y sanción del delito, procurando la desarticulación de estructuras criminales.
Características de la democracia en Centroamérica
De Michele dijo que una de las características más marcadas en Centroamérica “y en toda América Latina, en línea general es ese complejo de Adán, que los gobiernos llegan prácticamente como borrando todo el pasado y quieren todo por primera vez. Es típico de los gobiernos autoritarios”.
La especialista venezolana ejemplificó que últimamente muchos gobiernos de la región llegan modificando constituciones, “porque hay que tener una Constitución nueva, porque la anterior que les permitió a ellos llegar al poder ya no sirve. Entonces, ‘tengo que modificarla para que más nadie llegue’”.
Otro elemento son las que ella llama ‘sociedades de sobrevivientes’, referidas a aquellos ciudadanos en cada uno de estos países “que optan por no decir verdades por temor a la acción represiva” y deciden defender a un gobierno popular “y es el único que ha hecho empatía con sus necesidades más precarias e históricas inclusive”.
La persona que “está comiendo de la mano del gobierno, el que llamo yo al sobreviviente, de alguna manera acepta y justifica cualquier acción antidemocrática del gobierno, porque teme la pérdida de esa empatía con el ente gubernamental que nunca antes había logrado en la historia y la está logrando ahorita”.
En las condiciones actuales, Centroamérica crecerá 3,1% en 2023, con Panamá con la perspectiva más alta (4,6%); le siguen Guatemala (3,2%) y Honduras (3,0%); luego Costa Rica (2,7%) y Nicaragua (2,3%); y El Salvador (2,0%), según las proyecciones de la Cepal publicadas en abril.
